El Estado de México se sumó a los posicionamientos que hizo la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que no se elimine la prisión preventiva oficiosa a nivel nacional.
Fue la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez la que retomó el tema y refirió que la prisión preventiva oficiosa es una figura vital para preservar la seguridad pública y el equilibrio de las instituciones judiciales.
Seguir leyendo:
Gómez Álvarez firmó un documento junto con otros 30 mandatarios y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que se depositó en el buzón judicial para que se analice por la SCJN en calidad de "amicus curiae", una figura de colaboración en la resolución de algún tema de relevancia.
En este el grupo de mandatarios del país advirtió que es necesario mantener la Supremacía Constitucional respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar el derecho interno y evitar un “grave impacto” en la seguridad pública de los mexicanos, de víctimas y testigos, en los procesos penales sobre delitos de alto impacto.
Créditos: ESPECIAL
Además este posicionamiento responde a una resolución que emitió el Poder Judicial Federal, que establece que con un amparo, se podrá suspender cualquier orden de aprehensión que exista en contra del presunto responsable, sin importar la gravedad del delito.
Con anterioridad fue la FGR y las fiscalías y procuradurías del país, las que también se pronunciaron al respecto para evitar que se elimine la prisión preventiva en México por lo que ello implicaría.
Sigue leyendo:
Consecuencias de eliminar la prisión preventiva: Luisa María Alcalde
Luisa María Alcalde Luján, secretaría de Gobernación, alertó que con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa se dejaría en libertad a 68 mil presuntos delincuentes.
“Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada”, puntualizó.
Además, dijo que uno de los principales estados que se verían afectados por esta decisión es el Estado de México donde hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa.
LA/TJM