La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las alcaldías de la Ciudad de México están obligadas a compartir información con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) para conformar el inventario de datos local.
El máximo tribunal del país analizó este martes dos controversias constitucionales promovidas por las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez en las que piden la invalidez del artículo 17, fracción quinta, de la Ley de Operación e Innovación Digital para la capital, el numeral vigésimo segundo del “Acuerdo por el que se emite la Política de Gestión de Datos de la Ciudad de México”, y el “Aviso por el que se da a conocer el calendario de la Primera Fase de Integración del Inventario de Datos”.
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Los ministros validaron estas normas por considerar que no invaden competencias de las alcaldías inconformes, ni violan su autonomía administrativa y de gestión.
Estas disposiciones impugnadas establecen que las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y alcaldías de la capital del país deben compartir información con la ADIP para integrar el inventario en la materia, que consiste en los metadatos de la administración pública sistematizados en un catálogo electrónico para permitir su búsqueda y exploración.
La agencia es un órgano desconcentrado de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que se encarga de diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto y digital, la gobernanza tecnológica y la gestión de la infraestructura del gobierno local.
“Se concluye que en la materia de gestión de datos, en su vertiente específica de creación del inventario de datos, es una función pública diferente y con alcances distintos a la atribución que la alcaldía estima vulnerada, de la manera en la cual, como se regula el Inventario de Datos, no se deriva que en la Agencia Digital de la ciudad se atribuya llevar a cabo los mecanismos y políticas (ni siquiera los de gobierno electrónico) que a la alcaldía corresponde para simplificar, prestar o mejorar los servicios que esta presta a la ciudadanía, puesto que tiene por objeto la creación de una plataforma o sistema de información unificado para facilitar que cada ente público capitalino implemente las políticas públicas que tiene a su cargo”, señaló la ministra ponente Margarita Ríos Farjat.
La integrante de la Corte dijo que las disposiciones impugnadas no impiden a las alcaldías seguir gobernando, sólo permiten compartir datos en una plataforma común, por lo que propuso que se reconociera la validez de las normas.