Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aprehendió a Luis "N", presunto responsable de fraude procesal en la Ciudad de México (CDMX), por lo cual estaría expuesto a una sentencia de hasta seis años de prisión en caso de que se le llegara a encontrar culpable.
De acuerdo con la información oficial, el ahora detenido presuntamente incurrió en dicha conducta el 15 de marzo de 2014, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Dirección General de Atención y Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales, llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Federal, alcaldía Venustiano Carranza, donde dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra
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Detención de Luis "N"
Para aprehender al sospechoso, la PDI realizó trabajos de inteligencia que les permitió localizar al individuo en dicho inmueble. Una vez localizado, el agente del Ministerio Público (MP) solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de cateo al domicilio para, de esta forma, dar cumplimiento a la orden de aprehensión contra el individuo.
Cabe destacar que dicha orden fue librada en 2023. Ahora, Luis se encuentra en el Reclusorio Sur, de la alcaldía Xochimilco, donde quedó a disposición del juez para determinar su situación.
En relación al proceso, la autoridad judicial se reservó la información relacionada al caso perseguido, por lo que se desconoce la afectación que generó Luis "N" y ante qué instancia ocurrió; además, se ignora la medida cautelar que fue impuesta ante el presunto delincuente.
Qué es el fraude procesal
De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, en el Título vigésimo primero: Delitos cometidos por particulares ante el Ministerio Público, autoridad judicial o administrativa, la persona que comete fraude procesal es aquella que obtiene un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio.
Asimismo, se tipifica a quien realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley y, en caso de hallarse culpable, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de 50 a 250 días multa.