La reforma que eliminó la obligación de destinar un porcentaje mínimo de recursos a víctimas es inconstitucional, determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este miércoles, el máximo tribunal resolvió un amparo promovido por el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) en contra de la modificación, de 2020, al artículo 132, fracción primera, de la Ley General de Víctimas, con la que se quitó el candado legislativo que impedía en los siguientes años disminuir el presupuesto asignado para la atención de víctimas.
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Debían garantizar gasto programable
Antes de la reforma debía garantizarse el 0.014 por ciento del gasto programable, esto para el traslado de víctimas, atención médica, gastos funerarios y atención psicológica.
Luego de la extinción de fideicomisos, se eliminó ese mínimo presupuestal de la ley, por lo que el Centro Pro promovió un juicio de amparo en 2021 al considerar que, sin esos recursos, se generaría incertidumbre en miles de víctimas.
La Primera Sala señaló que la eliminación de la garantía presupuestaria para cubrir el gasto de “medidas de ayuda y de “reparación integral del daño” constituye una medida regresiva e injustificada.
“El legislador federal, claramente, desapareció el porcentaje fijo del presupuesto de egresos de la federación destinado a cubrir lo que corresponde a las víctimas, descansando la obligación del Estado en lo que pueda resultar del producto de la enajenación de los bienes decomisados en los procedimientos penales, cuya actuación depende ahora de una Institución, a saber: El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)”, explica el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Luego de conocer el fallo de la Corte, el Centro Pro confió en que los efectos de la sentencia sean para que se garantice al menos el 0.014 por ciento del presupuesto para atención a víctimas.
“Llamamos al Congreso de la Unión a no esperar una determinación judicial para restablecer el sentido original de la Ley General de Víctimas”, destacó la organización.
DRV/TJM