La defensa del juez federal Crescencio Contreras Martínez, contra quien se solicitó juicio político, analiza llevar este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Nosotros lo que estamos haciendo es yéndonos a todas las instancias nacionales, estamos generando todos los antecedentes necesarios y sí, efectivamente, la visión a largo plazo sí va a ser estar en el Sistema Interamericano”, indicó su abogado Miguel Olmedo Robles León.
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En entrevista con El Heraldo de México, el litigante aseguró que el gobierno tiene un “modus operandi” para atacar a jueces que no se “alinean” con el Ejecutivo y utiliza la figura del juicio político para presionar.
Los abogados presentaron la demanda de amparo contra la orden y la denuncia de juicio político, así como por la exhibición de su cliente en la conferencia matutina, por el comunicado que emitió el pasado 30 de enero la Secretaría de Gobernación y por el comentario sobre el caso, de la titular de la dependencia, Luisa Alcalde, en la red social X.
“Lo que estamos poniendo en consideración de la jueza de distrito es que hay un ataque sistemático por parte del gobierno al Poder Judicial y lo que están haciendo es que están utilizando el tema de juicio político como elemento de presión”, indicó el abogado.
Hasta ahora, aseguró, no han sido notificados del juicio político en contra del juez, que fue anunciado por la Secretaría de Gobernación luego de que el impartidor de justicia ordenó la libertad por falta de elementos de José Alberto García Vilano, “La Kena”, presunto líder de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo.
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“No nos han notificado (del juicio político), por proactividad generamos un apersonamiento, cuando nos contestaron, la Cámara de Diputados nos había informado que, efectivamente, sí se ratificó la denuncia el mismo 30 de enero cuando se presenta, Gobernación la ratifica y pasa a la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados”, explicó Olmedo Robles León.
La Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, concedió la suspensión provisional y prohibió al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, emitir expresiones denostativas contra el juez.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable, por lo que hace a Crescencio Contreras Martínez, se abstenga de emitir cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública que ponga en conocimiento del dominio público información que corresponda al quejoso…
“Así como que se abstenga de poner en conocimiento del dominio público información íntima y privada o se abstenga de decir expresiones denostativas o cualquier otro adjetivo calificativo dentro de las conferencias de prensa denominadas Mañaneras’”, determinó Trejo Galán.
Si realiza estos comentarios, el Presidente debe mencionar las pruebas que sustenten su dicho y dar el derecho de réplica al juzgador en las 24 horas siguientes.
La jueza indicó que los impartidores de justicia no pueden ser castigados por el Estado por emitir una resolución de interés público y porque son personas que, a través del juicio de amparo, defienden su derecho al honor, dignidad y privacidad.
“Una vez analizadas las opiniones y comentarios, en la comúnmente denominada "mañanera" (del 31 de enero), se concluye que las menciones que se reclaman, causan un estado de vulneración al derecho a la intimidad del quejoso por las manifestaciones de descalificación respecto de su labor jurisdiccional, todo ello aparentemente sin ningún fin legítimo y hasta este momento sin acreditar su legal obtención y sin demostrar su certeza”, indicó la juzgadora.
Con respecto a la orden y denuncia sobre juicio político, la impartidora de justicia consideró improcedentes esos actos reclamados, y la defensa tiene previsto impugnar la decisión este lunes.
“Su señoría (jueza) lo que dijo es que como aún no se había iniciado el juicio, no había, por así decirlo, una situación de irreparabilidad, entonces que cuando inicie el juicio político teníamos la vía expedita, sin embargo, ahorita no estábamos en la posibilidad de accionar el amparo”, explicó Olmedo Robles León.
El abogado insistió en que Contreras Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Matamoros, Tamaulipas, sólo resolvió conforme a la ley.
“(El juez) ha estado en adscripciones riesgosas, es un juez penal federal y él no lo buscó, él estaba haciendo su trabajo”, dijo.
TJM