La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, defendió la independencia judicial y la división de poderes, y aclaró que no se debe confundir la colaboración con la subordinación.
Al participar en el panel “El derecho en el México que viene”, durante el XIX Congreso Nacional de Abogados, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sostuvo que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino un derecho.
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“Y, como sociedad debemos tener muy claro que, en una recta interpretación de nuestra Constitución, no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del estado, con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes”.
Luego de las declaraciones y críticas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, este viernes, Piña Hernández resaltó que la independencia judicial es una garantía de una adecuada impartición de justicia, pero no implica una licencia para actuar fuera de la legalidad.
“La independencia judicial no es arbitrariedad, no implica licencia alguna para actuar fuera de los estándares constitucionales y legales. La independencia judicial es un derecho que garantiza el acceso a una justicia para todas las personas sin atender a influencias externas o ajenas al derecho”.
Pide no destruir la independencia judicial
La titular del alto tribunal constitucional advirtió que, al destruir la independencia judicial, los únicos perjudicados serán los sectores más vulnerables.
“Si aceptamos o justificamos como sociedad que, esa independencia judicial se trastoque o se destruya, ello impactará, sin lugar a dudas, tarde o temprano en una impartición de justicia que atienda a influyentismos, a razones ajenas al derecho que acabará perjudicando, necesariamente, a las personas más vulnerables”.
Norma Piña puntualizó que una sociedad sin división de poderes, es una sociedad sin Constitución, y destacó que los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) tienen la camiseta bien puesta.
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Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, señaló que, es inadmisible el reconocimiento de las intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ante las amenazas que han recibido, defenderán el orden constitucional.
“No podemos quedarnos callados, ni ser indiferentes ante los constantes embates y amenazas contra el imperio del derecho y la independencia judicial, que no significan aprobar cualquier texto normativo adoptado por una mayoría parlamentaria que siga los designios políticos del ejecutivo”, precisó.
En el evento, el ministro Luis María Aguilar mostró su preocupación por la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación que impulsa el gobierno federal con la que se busca que las reformas se declaren constitucionales con solo cuatro votos cuando no se alcance la mayoría calificada para declarar su invalidez.
Tras reflexionar sobre el tema, el juzgador aseveró que de avanzar la propuesta, el alto tribunal perdería su facultad de hacer valer la Constitución ante leyes que no se apegan a ella.
“Yo creo que los ocho votos que es un punto que todavía debería modificarse, a mí en especial me preocupa por dos circunstancias: porque con cuatro votos en contra ya no pasaremos de los siete votos para la invalidez de una norma y me preocupa por una segunda razón, yo me voy en noviembre y no sé a quién vayan a nombrar en mi lugar. Me preocupa mucho que la Suprema Corte vaya a perder esa posibilidad constitucional de hacer valer la propia norma en contra de leyes que no son congruentes con ella”.
Ante señalamientos que han realizado diputados federales y actores políticos, Aguilar Morales rechazó que la Corte sustituya al Poder Legislativo cuando resuelve sobre la validez de una norma que no está conforme a las reglas.
“El que nosotros podamos invalidar una norma en la Suprema Corte porque no se siguió el procedimiento, no se tratan de formalismos, no se trata de atender al reglamento del Congreso, se trata de hacer que todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, tengan voz. No se trata simplemente de revisar conforme a un criterio arbitrario, sino de un criterio jurídico constitucional de cómo es la actuación de las otras autoridades”.
También argumentó que la Constitución es la única voz autorizada del pueblo y es la que se debe escuchar, al tiempo en el que aseveró que la sociedad mexicana pide y necesita jueces independientes.
DRV