Este jueves 1 de febrero, Raquel Duarte Cedillo, juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, giró una nueva orden de aprehensión por el delito de delincuencia contra los 8 militares que están bajo proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El abogado defensor de los implicados, Alejandro Robledo Carretero, ha declarado en la prensa nacional que los 8 uniformados ya se habían entregado para hacer frente a la acusación que cada año provoca que miles de personas alrededor del mundo marchen en búsqueda de justicia.
Foto: Cuartoscuro
¿De qué se les acusa a los militares?
Los uniformados acusados, quienes recientemente el 21 de enero, una juez les había otorgado libertad condicional fueron identificados como:
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Juan Andrés "N"
- Ramiro "N"
- Gustavo "N"
- Roberto "N"
- Eloy "N"
- Uri Yashiel "N"
- Juan "N"
- Omar "N"
Los militares han sido señalados de tener presuntos vínculos con el Grupo Criminal "Guerreros Unidos", la principal organización sospechosa de la desaparición de los estudiantes de Iguala.
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Gobierno de México critica al PJF por liberación de militares
Apenas el 22 de enero, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, acusó que el Poder Judicial se vale de “pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia” al ordenar que ocho militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigan su proceso en libertad, además de que la decisión fue por “por razones estrictamente políticas”.
Señaló que “sin ningún fundamento legal” se ordenó el cambio de medida cautelar para los elementos castrenses “con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército” para seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano.
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Reprochó que también se perjudica el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, se lee en un comunicado de la Secretaría de Gobernación.