Luego que por sentencia del Tribunal Electoral del Estado el Congreso de San Luis Potosí se viera obligado a tomarle Protesta el pasado 4 de octubre al diputado del PAN, Marcelino Rivera Hernández, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) planea ordenar al Legislativo retener hasta el 50 por ciento de su salario.
El salario de un diputado ronda los 120 mil pesos como medida cautelar hasta tanto se resuelva el juicio administrativo por presuntos desvíos del legislador albiazul por casi 13 millones de pesos detectados en su cuenta pública 2012 cuando era alcalde del municipio huasteco de San Martín Chalchicuautla.
Créditos: Archivo El Heraldo de México
“Vamos a analizar todos los temas legales, pero es muy probable, no se puede al cien por ciento por el tema de protección de los derechos humanos, pero sí en un porcentaje, creo que podemos hasta el 50 por ciento, pero todavía lo estamos checando”, expuso en entrevista el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Locourtois López respecto a la retención del salario del diputado.
Auditores respetan la sentencia del Tribunal Electoral
El auditor estatal afirmó que aunque es respetuoso del acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral por parte del Congreso del Estado el IFSE como tercero interesado continuará con su procedimiento de inhabilitación, multa y resarcimiento económico por supuesto daño causado al erario por el diputado panista mediante la figura del embargo.
Esto ya que su procedimiento no ha sido nulificado e incluso no fue materia de estudio en la resolución del juicio electoral y será el Legislativo, una vez que concluya el expediente, quien determinará lo conducente.
“Creo que esto se volvió un poco complejo, al final de cuentas es algo inusitado en el país en donde encontramos sentencias a favor y en contra respecto de un mismo tema en materias totalmente distintas, sólo nos toca como Instituto respetar las decisiones del Congreso, de los tribunales y esperar continuar con el procedimiento porque a nosotros nos toca que quien haya afectado el erario público (sic) pueda resarcir el daño que es lo que nos importa”, indicó Lecourtois López.
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