La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró que todas las pruebas utilizadas en el caso Odebrecht están contaminadas de origen y no pueden ser utilizadas en México al ser ilícitas.
En días pasados, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México determinó que la información bancaria entregada por Brasil y Suiza a la Fiscalía por el caso Odebrecht que enfrenta Lozoya, es ilícita porque no fue obtenida mediante una orden judicial.
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¿Por qué se desestimó la información en el caso de Emilio Lozoya?
La Fiscalía General de la República acusó a impartidores de justicia de favorecer a Lozoya, por considerar que desecharon pruebas obtenidas con base en tratados internacionales.
Este lunes, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas Pruneda, abogados del exfuncionario, señalaron en un comunicado que obtener las pruebas con base en un tratado internacional no las hace lícitas si se violaron derechos fundamentales.
“Que la Fiscalía General de la República haya recibido dichas pruebas con base en un Tratado Internacional, no legitima la ilicitud de la prueba obtenida con base en violaciones a derechos fundamentales. De ahí que la resolución judicial que la FGR califica de parcial e ilegal, es absolutamente correcta, lícita y acorde a un modelo democrático de derecho penal, respetuoso de los derechos fundamentales de las personas humanas y jurídicas”, indicaron.
Señalaron graves violaciones a derechos fundamentales
Destacaron que el pasado 6 de septiembre en el caso que involucra a la empresa brasileña y en el que se vinculó al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Supremo Tribunal Federal de ese país también desechó pruebas por considerarlas ilícitas.
“Esta sentencia deja claras las graves violaciones a derechos fundamentales cometidas a escala de la investigación y del juicio del caso Odebrecht y que impactan en el resto de casos instaurados a escala mundial”, señalaron.
Destacaron la violación a la cadena de custodia de los sistemas informáticos de Odebrecht, de donde se obtuvo toda la información para imputar a diversos actores a nivel internacional, así como la mecánica mediante la cual los fiscales brasileños y el juez se coludieron para acordar, lícitamente, la forma de imputar a Lula da Silva.
srgc