La Contraloría estatal recurrirá ante el Tribunal de Justicia Administrativa imponga al exsecretario de Educación, Mario “G”, una inhabilitación de por lo menos 10 años y no de tres meses ya que la falta en la cual incurrió no se considera como grave.
Norma Angelica Pedraza Melo, titular de la Contraloría del Estado, indicó que si bien la irregularidad se pudiera considera como no grave el hecho es que le fue aplicada la menor inhabilitación que es de solo tres meses.
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Por ello recurrirá ante el Tribunal de Justicia Administrativa que se determine como una irregularidad grave e imponer 10 años de inhabilitación en el servicio público estatal, por lo menos ya que podría alcanzar hasta los 15 años de no poder ingresar al servicio público.
¿Por qué el secretario de Educación en Tamaulipas fue vinculado a proceso?
O bien si se determina que es una irregularidad no grave se le aplique el mayor tiempo por ello que es de un año.
Insistió en que la Contraloría no está conforme con la inhabilitación de tres meses y reclama el mayor tiempo, por lo cual presentará recursos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Mario “G” exsecretario de Educación fue vinculado a proceso al haber autorizado y firmado de manera irregular un contrato de seguro a favor de un tercero y causando un daño patrimonial por más de ocho millones de pesos, al erario estatal.
Hasta ahora la Contraloría turnado al Tribunal seis expedientes y ya se han inhabilitado a un director general, un director de área y un jefe de área de la misma secretaría de Educación, como parte del proceso que se sigue a Gómez Monroy.
Se han presentado tres denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción
Explicó que, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas, “cuando se identifica una presunta falta administrativa se inicia el proceso, inicia la autoridad investigadora, integra los elementos de prueba que funden la presunta falta, se califica la falta como no grave o grave y si se califica como falta grave se elabora el informe de presunta responsabilidad administrativa, llega a la autoridad sustanciadora empieza las diligencias y al término de su trabajo, cómo es falta grave la ley marca a quien compete es al Tribunal de Justicia Administrativa, esta inhabilitación se presume y se califica como falta grave y nosotros lo que tenemos que hacer o compete es meter recursos porque no estamos conformes con la inhabilitación de tres meses y en ese proceso estamos”.
Por otra parte, la contralora Pedraza Melo, reveló que se han presentado ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tres denuncias como resultado de la auditoria que se practica en la Comapa de la Zona Conurbada del Sur, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021 habiéndose formulado 72 observaciones.
Se ha establecido que de acuerdo con las citadas observaciones se ha detectado un daño a las finanzas del organismo operador del agua potable y alcantarillado por 383 millones de pesos.
srgc