Desde el 6 de septiembre a la fecha siete mujeres han promovido amparos ante juzgados de Distrito en San Luis Potosí para que no ser sancionadas en caso de quedar embarazadas y decidir abortar antes de las 12 semanas de gestación.
Lo anterior lo informaron integrantes del colectivo "Interrupción Legal del Embarazo" (ILE) quienes precisaron que lo que buscan es que el Poder Judicial de la Federación e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucionales los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal de la entidad, con los que se criminaliza el aborto en San Luis Potosí, pese a que el máximo tribunal ya determinó que es Inconstitucional.
Señalaron que los juicios de amparo son en contra del Congreso del Estado y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí quien desde el 2009 definieron, reformaron y promulgaron que la vida humana comienza al momento de la concepción, con lo que en la entidad potosina se violan los derechos de las mujeres, se les criminaliza y les imponen un estigma para decidir un plan de vida distinto al de ser madres.
En uno de los expedientes, el 1231/2023 el Juzgado Primero de Distrito ya ha fijado para el 28 de de septiembre la audiencia constitucional y además anunciaron que tienen preparadas demandas de amparo para niñas con la voluntad de su madre y padre, un amparo con una mujer embarazada y otro amparo colectivo.
El colectivo ILE además de los amparos el 1 de junio del 2023 presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud estatal, así como una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del Congreso del Estado por ser omiso a legislar en la materia.
Por otro lado, en una misiva dirigida al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, le piden intervenga ante el Poder Legislativo para convencerlos de terminar con la criminalización de las mujeres que deciden abortar y que reformen a la brevedad posible la Constitución local y el Código Penal estatal.
Además, le exigen al mandatario estatal potosino que instruya a sus dependencias a que coadyuven a que prosperen las demandas de amparo, porque las reformas a la que se quejan fueron durante el sexenio conservador panista de Marcelo de los Santos Fraga que favoreció medidas criminalizadoras.