El surgimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hace 16 años, es uno de los primeros avances legislativos que se dieron a nivel federal en materia de violencia de género. Desde su publicación, el 1 de febrero de 2007, ha tenido varias modificaciones de acuerdo con la realidad y las necesidades sociales. A partir de la aprobación de ésta han surgido otras reformas legales que desafortunadamente se han impulsado a causa de feminicidios y/o violencia contra las mujeres.
Esta ley definió por primera vez los tipos de violencia, psicológica, física, económica, patrimonial y sexual, para dejar claro que la violencia no necesariamente produce lesiones físicas. Estableció en qué ámbitos de la vida están siendo violentadas las mujeres, definiendo el concepto “violencia” por modalidades: familiar; laboral y docente; comunitaria e institucional. Define el hostigamiento, el acoso sexual y la violencia feminicida, a partir de la cual se tipificará el feminicidio.
Incluye la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. El 2 de abril de 2014 se reformó el artículo 11, en el que se agregó que la violencia laboral también constituye “el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley”. Cabe mencionar que el precedente de esta legislación federal fue la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, aprobada en 2005..
En 2012 se modificó el Código Penal Federal para incluir la figura del feminicidio como un delito específico, estableciendo sanciones más severas para quienes cometan asesinatos de mujeres por razones de género.
¿Cuáles son las leyes creadas a raíz de feminicidios y violencia de género?
“Ley Olimpia”
En abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad la denominada “Ley Olimpia” contra la violencia digital. Las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal establecen penas de hasta nueve años de prisión y multas de hasta 89 mil pesos a quien cometa el delito de violación a la intimidad sexual. En junio del mismo año se publicó la modificación legislativa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para su eventual entrada en vigor.
Ello implica divulgar, compartir, distribuir o publicar imágenes, audios o videos, reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona mayor de 18 años a través de las tecnologías de la información y medios de comunicación como plataformas digitales, redes sociales, medios electrónicos y medios de comunicación.
Esta reforma legislativa fue impulsada por Olimpia Coral Melo, luego de que su expareja sentimental difundiera, sin el consentimiento de ella, un video de contenido sexual. Inicialmente, cuando Olimpia efectuó la denuncia correspondiente en su entidad natal, resultó que no era procedente debido a que esta acción no estaba tipificada jurídicamente. Es así que en 2014 propuso la iniciativa de ley en el Congreso de Puebla; sin embargo, fue hasta después de 7 años que se realizaron las reformas respectivas.
“Ley Monzón”
El 2 de marzo de este 2023, Puebla se convirtió en el primer Congreso local en avalar una reforma que retira la patria potestad a feminicidas, además de suspenderla a aquellas personas que sean investigadas por feminicidio. La denominada “Ley Monzón” fue aprobada por unanimidad, a fin de proteger a los menores de edad que son víctimas indirectas cuando se ejerce violencia de género en contra de sus madres.
La reforma que modifica los artículos 627, 628, 629, 633 y 634 del Código Civil de Puebla, establece que el padre que sea vinculado a proceso o sea condenado por la comisión o tentativa de feminicidio, perderá la patria potestad, tutela y convivencia de los hijos, la cual podrá ser otorgada a los familiares de la víctima.
Esta ley establece que se retirará la patria potestad de los hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio; así como una pena de ocho años a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación y 10 años de inhabilitación.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (PT), quien presentó una primera propuesta en julio de 2022. Esta ley surgió en honor a la abogada y activista Cecilia Monzón, quien fue víctima de feminicidio por el padre de su hijo, Javier López Zavala, político priista que fue candidato a gobernador en 2010.
La también feminista Cecilia Monzón fue asesinada el 22 de mayo de 2022 por dos sujetos contratados por el exfuncionario del gobierno de Mario Marín Torres. Después de ello, Helena Monzón, hermana de la víctima, reveló que tenía que pedir permiso al feminicida para llevarse al hijo de Cecilia a España, donde son originarios, pues López Zavala conservaba la patria potestad del menor, pese a ser el asesino de su madre.
Cabe recordar que Cecilia Monzón había sostenido un largo proceso en contra del político priista para exigirle una pensión para su hijo, además de que hacía denuncias públicas sobre el incumplimiento en que incurría López Zavala en torno a la manutención del niño, lo que se presume que motivó que el feminicidio del exfuncionario.
El 6 de junio de 2022 fue detenido el político Javier López Zavala en la ciudad de Puebla, al estar relacionado con las investigaciones por el feminicidio de Cecilia Monzón, poco después la Fiscalía General de la entidad confirmó que la muerte de la activista fue ordenada por él.
“Ley Matilde”
En marzo de 2023 la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) presentó una iniciativa de ley que pretende reformar la fracción XXXII y adicionar un párrafo cuarto al artículo 225 del Código Penal Federal en materia de violencia de género, para que todos los servidores públicos que “desvíen, obstaculicen, omitan o se abstengan injustamente de realizar la investigación de un delito o se atreva a negar la calidad de víctima de los afectados y obstaculice el ejercicio de sus derechos durante el proceso de búsqueda de justicia, sean sancionados”.
La denominada “Ley Matilde” surge en honor a Matilde Gil Herrera, madre de la legisladora, quien fue secuestrada y asesinada en 2017. En aquel momento la familia enfrentó obstáculos en el desempeño de los servidores públicos que impidieron el avance en las investigaciones, además de sufrir la revictimización por parte de Javier Corral Jurado, quien fuera gobernador de Chihuahua en aquel entonces, el cual -se acuerdo con lo expresado por Lilia Aguilar Gil en el documental “#Matilde, una historia de muerte y omisión”- le dijo a la diputada que tal vez su madre se había escapado con su amante. “Tu mamá se debe haber conseguido un novio y debe de estar con él en la playa tomándose una piña colada”, le mencionó.
Matilde Gil Herrera fue profesora, luchadora social y fundadora del Centro Escolar Profesor Genaro Vazquez Rojas, un espacio abierto a cualquier persona que tuviera la intención de aprender, en su tierra natal Chihuahua.
Luego del feminicidio de Matilde Gil Herrera sólo se encarceló a dos hombres quienes fueron señalados como los autores materiales del delito. Es por ello, que su hija Lilia Aguilar Gil impulsó la “Ley Matilde”, pues, entre otras cosas, asegura en su documental que “los protocolos de desaparición son muy absurdos, porque las instituciones te dicen que no puedes poner una denuncia por desaparición hasta pasadas 72 horas, pero las primeras 72 horas son vitales para encontrar a la persona”.
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