La Secretaría de la Función Pública impone más de 900 sanciones a personas servidoras públicas

En el primer semestre de 2023, la Secretaría de la Función Pública ha impuesto 951 sanciones por faltas administrativas a 860 personas servidoras públicas. De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, 379 son inhabilitaciones, 331 suspensiones, 192 amonestaciones públicas y privadas, 40 destituciones y nueve sanciones económicas por un monto de 690 mil pesos.

De las sanciones, resueltas por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado, 607 se originaron por quejas y denuncias ciudadanas, 342 por el incumplimiento a la declaración de situación patrimonial y dos derivadas de auditorías.

Las causas por las que fueron impuestas, con base en las leyes Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y General de Responsabilidades Administrativas, de acuerdo a la temporalidad en que ocurrieron los hechos, son: 402 por negligencia administrativa, 334 por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, 30 por violación a procedimientos de contratación y 178 por causas diversas.

De acuerdo con el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas, en el mismo periodo, en cumplimiento de la LGRA, la SFP ha remitido 204 expedientes por faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que, si así lo determina, continúe con la substanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios correspondientes.

Con la entrada en vigor de la LGRA se otorgó a la SFP la atribución para investigar, sustanciar y sancionar las faltas administrativas calificadas como no graves, dejando a cargo del TFJA el continuar con la sustanciación e imponer la sanción de aquellas calificadas como graves.

Las cifras de las sanciones impuestas pueden modificarse en atención a las anotaciones que se hacen en los sistemas, así como por los medios de defensa interpuestos en contra de ellas.

En el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, con estas acciones, la SFP contribuye a que las conductas irregulares no queden impunes y, con ello, consolidar una administración pública proba y eficaz.