Se dio a conocer que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ratificó la acusación penal que se sostiene desde el 18 de agosto de 2020 en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, debido a las actividades no legales que se relacionan con la ruptura de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en octubre de 2009.
La denuncia, que tuvo su origen en la Fiscalía General de la República (FGR), no solamente señala a Calderón, sino que también involucra a varios miembros de su gabinete y a jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, se dio a conocer que, en la denuncia presentada, se hace referencia al libro "Decisiones difíciles", publicado en 2020, en el cual Calderón detalla aspectos sobre la extinción de LyFC. Según el SME, el capítulo 8 de este libro podría contener confesiones de acciones que podrían constituir delitos, incluyendo abuso de poder, malversación de fondos públicos y actos de corrupción relacionados con el decreto.
Por otra parte, y de acuerdo con el SME, la desaparición de LyFC, que conllevó el despido de más de 44 mil empleados electricistas, fue llevada a cabo de manera ilegal a través de lo que se describe como un "asalto armado y militar".
Además, el sindicato enfatiza que esta acción generó daños sustanciales a la industria eléctrica nacional, los cuales incluyen cambios en la infraestructura eléctrica, como la sustitución de cobre por aluminio, así como la apropiación indebida de bienes patrimoniales de LyFC por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
En un comunicado firmado por José Humberto Montes de Oca Luna, Secretario del Exterior del SME, se destaca: "Entre otros aspectos, podemos mencionar los daños patrimoniales derivados del cambio de la infraestructura de cobre a aluminio, el expolio de los activos de LyFC por parte de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y la precarización de las condiciones laborales en el sector eléctrico nacional".
El sindicato también recalca la importancia de esta denuncia y señala que más allá de buscar justicia para los trabajadores afectados, representa una oportunidad para llevar a la justicia a los gobiernos neoliberales, a los que se acusa de saquear al país durante décadas sin enfrentar consecuencias legales.
Por último, el SME hace un llamado a que se haga justicia por posibles delitos cometidos durante el proceso de disolución y espera que esta acción siente un precedente para que los actos gubernamentales sean sujetos de responsabilidad en el futuro.