Hace casi nueve años México se conmocionó con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como con la ejecución de seis personas, tres de ellas normalistas, por lo que de inmediato se organizaron marchas y protestas y se exigió al gobierno la aparición de los jóvenes y en respuesta tuvieron la denominada “verdad histórica”, la cual se informó fue creada por Tomás Zerón.
Fue el subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien publicó en sus redes sociales un video en el que se acusa al extitular de la Agencia de Investigación Criminal de fabricar “la verdad histórica”, con base a torturas en contra de los primeros detenidos por su presunta relación con el denominado caso Ayotzinapa.
Acusan a Tomás Zerón de Fabricar la “verdad histórica”
Mediante un comunicado, la Subsecretaría de Derechos humanos, informó que la tortura física y psicológica de personas, fue una de las múltiples falacias en las que se inspiró la construcción de la mal llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tomas Zerón, hoy prófugo de la justicia mexicana por los delitos de tortura y alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa, reside y oculta en Israel. Investigaciones, pruebas y testimonios lo implican en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, presunto integrante del grupo delincuencial Guerreros Unidos.
Además, se le acusa de fabricar la verdad histórica, dado que las diligencias ministeriales realizadas en el Río San Juan, municipio de Cocula, en octubre de 2014, evidenciaron la colocación de bolsas de plástico donde se encontraron los restos óseos del estudiante Alexander Mora, un día antes del trabajo de búsqueda.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) documentó graves violaciones en al menos 34 detenciones arbitrarias y tortura. A pesar de una campaña millonaria para hacerlo parecer como perseguido político, las autoridades mexicanas han solicitado a Israel su extradición.
“El Estado mexicano sostiene que ningún gobierno debe proteger a un torturador”, finalizó el comunicado.
El caso Ayotzinapa
Fue la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando un grupo de jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa viajó a Iguala, Guerrero, para tomar camiones con el fin de llegar a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, la cual mantiene en la memoria colectiva uno de los hechos de mayor represión contra estudiantes.
Aquella noche las cosas no ocurrieron como siempre -ya que era una tradición el llevarse los autobuses-, pues la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses, informa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos.
Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.
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Israel cooperaría ante la solicitud de extradición de Tomás Zerón