En coordinación con la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal ha integrado 17 asuntos de grandes contribuyentes que globalmente adeudan al pueblo de México más de 55 mil millones de pesos, en los que diversos jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia.
Así lo señaló el procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, quien indicó que en 14 de estos casos no se han permitido realizar las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así la recuperación de estos recursos.
Al respecto, hizo notar que de los 17 asuntos judicializados de grandes contribuyentes, en 82 por ciento de éstos, el Poder Judicial de la Federación ha impedido que se llegue a la puerta de acceso del proceso.
Al participar en la conferencia matutina del presidente López Obrador en Palacio Nacional, el procurador destacó que existen tres casos donde el actuar de los jueces o magistrados ha evitado el avance de los juicios o procesos penales por un total de 80 mil millones de pesos, lo que ha afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura.
En su intervención, apuntó que una empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó un perjuicio al pueblo por casi 300 millones de pesos. Por tales hechos, resaltó, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la FGR, ha buscado llevar a juicio a los responsables. Sin embargo, acotó, dicho fin se ha visto obstaculizado por el juez de control en Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la Ley.
Precisó que este juez ha emitido fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, ya que ha sostenido que no está facultada para defender los recursos del pueblo, por lo que ha desconocido la calidad de víctima de la dependencia y ofendido el proceso penal, resolviendo incluso en contra de los criterios de la SCJN.
Precisó que, hasta el momento, los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones, lo que no lo exime de su responsabilidad. Por ello, aseveró que se presentará una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue este ilegal proceder e incluso una denuncia porque estas conductas podrían constituir delitos en contra de la administración de justicia. Asimismo, dio a conocer que una empresa de gran tamaño con presencia nacional, fue fiscalizada en 2010, 2011 y 2013, encontrándose que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos y, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos.
Al subrayar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel fundamental en estas estrategias, Medina Padilla puntualizó que dicha empresa solicita frecuentemente que la SCJN atraiga los casos con el propósito de suspender el curso de los juicios y retrasar su resolución, por lo que desde hace 13 años se han retrasado los litigios y no ha sido posible recuperar el dinero. En particular, dijo, en los últimos ocho meses, el ministro Luis María Aguilar Morales ha sido omiso en resolverlos sin causa justificada, atentando contra la Constitución federal y la propia naturaleza jurídica de la Corte.
Luego de afirmar que retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta, no sólo contra nuestra Carta Magna sino contra los recursos de todos los mexicanos, el procurador fiscal afirmó que ante esta actuación, el Gobierno Federal presentará una queja contra el ministro.