Desde inicios del año se han presentado mil 773 amparos contra la Ley General para el Control del Tabaco, de los cuales más de la mitad fueron bateados por jueces.
Morena en la Comisión Permanente del Congreso propuso llamar al Poder Judicial a que resuelva a favor del derecho humano a la salud.
Así lo informó el senador morenista Ernesto Pérez Astorga, quien detalló que el exhorto es para que los jueces no se dobleguen ante los intereses de grupos de poder.
Los amparos se han presentado principalmente por cadenas restauranteras, tiendas de auto servicio, de conveniencia y hoteles, quienes acudieron al Poder Judicial por considerar que tenían una afectación económica y hacer valer su derecho a la libre determinación.
De acuerdo con un seguimiento que realizan asociaciones civiles en 10 entidades de la República, solo la mitad de los amparos continúan siendo analizados.
Y es que los mil 773 amparos contra la Ley General de Control del Tabaco buscan dejar inoperantes las medidas de ley. De ese total de amparos, 835 están radicados en la Ciudad de México, por lo que 186 juicios están entrando a fondo por parte de los jueces de Distrito, mientras que 373 amparos, el 45 por ciento, se tuvieron como desechados.
En el resto de las entidades contabilizan 938 amparos, de los cuales el 40 por ciento han sido desechados, es decir 377 amparos. El resto, 329 asuntos, continúan su cause.
En total, 500 juicios, los jueces podrán entrar al fondo y están por resolverse poco más de 200 juicios, el resto han sido resueltos.
En los que ya se resolvieron, los jueces han determinado amparar a la industria tabacalera poniendo por encima los intereses particulares a los derechos a la salud.
El senador Pérez Astorga afirmó que cada hora siete mexicanos pierden la vida a causa del tabaco. Indicó que los jueves han otorgado la suspensión de medidas de la Ley General para el Control del Tabaco poniendo primero los intereses económicos a los de los derechos humanos de las personas.
El legislador presentó el punto de acuerdo para que se haga un contundente llamado a los integrantes del Poder judicial para que privilegien la salud de los niños, niñas y adolescentes.