El sábado 24 de junio aparecieron siete cuerpos desmembrados en el centro Chilpancingo, Guerrero. En este mismo espacio, cinco cabezas mutiladas reposaban sobre un vehículo junto a unas cartulinas con el siguiente mensaje: “Buenos días presidenta. Sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste…”.
Fuentes locales señalaron el conflicto existente entre los grupos criminales los ardillos y los tlacos, a quienes se les atribuye la escalada de la violencia en dicha zona de la entidad.
En menos de dos semanas, la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, se reunió con uno de los presuntos líderes del grupo los ardillos, Celso Ortega Jiménez, en un restaurante completamente vacío. Con voz retante, la alcaldesa dejaba en claro que no tenía pie en las estrategias que el gobierno federal implementaba.
El 5 de julio, el líder transportista Jesús Echeverría Peñafiel y su acompañante Bernardo Chávez, fueron detenidos por la policía estatal en la carretera México-Acapulco por posesión de drogas y armas.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía del estado, Echeverría era miembro de la policía comunitaria Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), supuesto brazo armado de los ardillos. Tres días después del arresto, cinco transportistas fueron brutalmente asesinados –dos de ellos calcinados junto con sus unidades– en diferentes partes de la capital guerrerense.
El 10 de julio, 5,000 manifestantes de la región de la montaña y del centro del estado cerraron la autopista México-Acapulco, capturaron a 13 elementos de seguridad, robaron un vehículo blindado e ingresaron con al Palacio de Gobierno. Aparentes líderes hablaron en nombre de los pueblos indígenas de “Chilapa, Quechultenango y Chilpancingo de los Bravo".
Explicaron que las manifestaciones eran por los proyectos viales abandonados, deslindándose del conflicto existente entre los cárteles.
Sin embargo, en la mañanera del 11 de julio, después de una presentación cuantitativa de los espléndidos esfuerzos que la Sedena ha llevado a cabo contra el crimen organizado, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez afirmó que los líderes de la manifestación, Gilmar Jaír Sereno y Guillermo Matías, tienen lazos con los ardillos.
El primero habría liderado las manifestaciones en Quechultenango, a inicios del 2022, a raíz de que distintos pobladores acusaron a miembros de la Sedena de cometer delitos como robo y cateo ilegal. El segundo, de tener “diversas causas penales” y ser “afín” a los ardillos.
La escandalosa situación de Guerrero evidencia el mayor problema de seguridad del país: la relación entre los poderes fácticos que representan el crimen organizado, la resistencia civil; y los poderes legales, representados por los tres niveles de gobierno y las fuerzas de seguridad pública.
La encrucijada resulta de la confrontación que existe entre la narrativa oficial y la realidad. Los gobiernos –izquierda, centro y derecha– se empeñan en sostener que se combate el crimen organizado con Guardia Nacional, Policía Federal o cualquier uniformado con botas.
Sin embargo, en la realidad, los nexos de criminales con quienes sostienen esta retórica apabullan el espacio público. Los ediles son captados comiendo con los líderes criminales, los gobernadores se toman fotos con ellos y, en otros casos, unos y otros se acusan en el estrado. Como Jano, crimen organizado y gobierno, son dos caras de la misma persona, entrada y salida a la misma casa.
Desafortunadamente, mientras ellos viven su hipocresía, la sociedad civil padece su falsedad. Conscientes estamos que no existe crimen organizado sin el auxilio y asistencia del Estado –en cualquiera de sus expresiones. La guerra y la urgencia se han convertido en nuestra nueva normalidad. Herida social que la impunidad sostiene, vivimos en crisis sine die.
Por: Luis Gerardo Domínguez y Eduardo Chícharo Urrutia, integrantes de @Narco_Historia.