El Gobierno mexicano defendió este lunes ante tres jueces de apelación en Boston, Massachussets, la demanda que presentó contra fabricante de armas.
Como lo adelantó El Heraldo de México, el equipo legal insistió en que la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que ofrece inmunidad a estas empresas, no se puede aplicar por daños ocurridos fuera de ese país.
Otro de los argumentos del Gobierno federal, presentados por los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowy, es que si esta ley aplicara, se tendría que estudiar si es el derecho sustantivo mexicano el que aplica o el derecho estadounidense.
Si la ley PLCAA se utiliza en este caso, el Gobierno de México puede recurrir a ciertas excepciones y el litigio tendría que seguir su curso.
En conferencia de prensa virtual, Alejandro Celorio, quien estuvo presente en la audiencia que se realizó en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts, explicó que la legislación estadounidense establece que una ley tiene efectos extraterritoriales sólo si ésta lo señala de forma explícita, pero PLCAA no indica que las empresas de la industria de armas tienen inmunidad por daños causados en otros países.
“La lectura que da el gobierno de México a este tema, a este elemento, es que la ley de inmunidades, como está escrita y ha sido interpretada por las cortes en Estados Unidos, establece que si llegara a proteger a la industria de las armas, lo hace de daños ocurridos únicamente en la jurisdicción estadounidense”, explicó Celorio.
Destacó que los abogados de las empresas demandadas también presentaron sus argumentos orales.
“Aquí es importante resaltar que el abogado principal en esta audiencia fue uno de los abogados, el solicitor general o el abogado principal del entonces presidente Donald Trump”, señaló.
El funcionario indicó que la corte de apelaciones podría tardar entre seis u ocho meses en analizar los argumentos escritos y orales para emitir una resolución.
Celorio recordó que con esta demanda y la que se presentó en Arizona se busca señalar que todos los involucrados en la línea de distribución y venta de armas que operan indebidamente son responsables por facilitar el tráfico ilícito de estos objetos.
Adelantó que si la demanda de Arizona es desechada, también presentarán el recurso de apelación.
Al ser cuestionado sobre el monto solicitado en la demanda como indemnización, dijo que el gobierno mexicano ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas, que representa poco más del 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).