EL VALOR SE HA DUPLICADO

Juan Carlos Tapia, ligado a Odebrecht y Lozoya, acusado de huachicol, con seis contratos en Dos Bocas

“El presupuesto autorizado actual para el proyecto es de 15 mil 963 millones de dólares, IVA incluido, más 853.3 millones de dólares para la puesta en marcha, incluido el IVA”, revela el reporte

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Se habría beneficiado de estas prácticas irregularesCréditos: Especial

El monto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex para la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, hasta ahora es de 16 mil 816 millones de dólares, reconoce Petróleos Mexicanos (Pemex) en su reporte 20-F, entregado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.

Aunque la refinería tenía un presupuesto inicial de 8 mil millones de dólares, el costo de uno de los proyectos insignia del actual gobierno se ha duplicado.

Desde el inicio de su construcción, el complejo Dos Bocas ha enfrentado una serie de cuestionamientos, entre ellos, el que se le permitiera participar como contratista a Juan Carlos Tapia, dueño de Construcciones Industriales Tapia (Citapia)

Investigada por presunto huachicol, inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y señalada de pertenecer al esquema de corrupción entre Emilio Lozoya Austin y Odebrecht, Citapia está presente en la Refinería Dos Bocas, desde 2019, a través de empresas de reciente creación y de otras a las que les cambió el nombre.

De acuerdo con una revisión, en los últimos años se le han asignado al menos seis contratos a las empresas de Juan Carlos Tapia para desarrollar proyectos en Dos Bocas.

Se trata del contrato identificado con el número PTI-ID-S-006/2019 asignado mediante el procedimiento de Invitación Restringida PTI-ID-S-007/2019 a Mexicana de Recipientes a Presión SA de CV, en asociación con Kellogg Brown & Root, LLC y Constructora Hostotipaquillo, SA de CV, para el Paquete 6 del megaproyecto por un monto total de 78 millones 430 mil dólares.

Y los contratos PTI-ID-O-TAM-10-2021, PTI-ID-O-P6-12-2022, PTI-ID-O-P6-23-2022, PTI-ID-O-P6-24-2022 y PTI-ID-O-P6-28-2022 que se le otorgaron a Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi), sin que hasta ahora la petrolera haya hecho público el monto de los mismos.

Mexicana de Recipientes a Presión se constituyó el 22 de enero de 2007 en Tula, Hidalgo, con Juan Carlos Tapia Vargas como su principal accionista. Además de su hermano Gilberto Juan Tapia y Selene Martínez Abarca, entre los accionistas también figuraba Carlos Morin Montes, director jurídico de Citapia, y quien se encargó de tratar de desmentir en la prensa las declaraciones juradas del ex ejecutivo de Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll, que vinculaban a la empresa con la red de corrupción entre la brasileña y Emilio Lozoya Austin.

Carlos Morin también trató de desmentir la investigación que en 2017 inició la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República, en contra de Citapia por presunto huachicoleo. “Todo es falso. No somos huachicoleros”, aseguró.

No obstante, documentos confirman que la extinta PGR investigó a Juan Carlos Tapia Vargas por robo de combustible del poliducto Tula-Salamanca propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex). Morín Montes firmó el Acta circunstanciada de diligencia de cateo, el 11 de marzo de 2017, en su calidad de trabajador de Construcciones Industriales Tapia y de testigo del señalado acto.

Mexicana de Recipientes a Presión cambió de nombre a Procesos Especializados y Proyectos, SA de CV (Proesa), en noviembre de 2020, según actas del Registro Público.

En cuanto a Mepi, la revisión prueba que Proesa es la accionista mayoritaria de la sociedad, pues mantiene el 80 por ciento de la empresa y el otro 20 por ciento es propiedad de Procura y Proyectos Oil & Gas SA de CV, constituida en junio de 2020.

Otra de las empresas que trabajaría bajo las órdenes de Tapia Vargas en Dos Bocas, expusieron investigaciones periodísticas, es Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, SA de CV, también conocida como GCI, subcontratada por ICA y Techint en la Refinería.

GCI se creó en Tula, Hidalgo, el 13 de diciembre de 2017, con Abel Vargas Rosales, Yosimar Moreno Constantino y Selene Martínez Abarca como accionistas, todos también tenedores de acciones en Proesa, antes Mexicana de Recipientes a Presión, pero en 2019, los tres socios decidieron vender a favor de Irving Sergio Granados Pérez y Jair Moreno Vargas. En el portal de internet de GCI, la propia empresa describe que trabaja en el Proyecto Rack de Integración Refinería Olmeca, en Dos Bocas, con sus clientes IDINSA y Proyecta. 

Además, en una revisión hecha a los portales de internet de Proesa y de GCI se constató que utilizan las mismas instalaciones y maquinaria. Se ubicaron al menos nueve máquinas idénticas, fotografiadas en distintos ángulos, dentro de las mismas instalaciones, tales como grúas, roladoras, pantógrafos, manipuladoras, entre otras, que formarían parte del catálogo general de servicios de ambas empresas.

Algunas de las imágenes, igualmente aparecen en los sitios de MAO Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística, SA de CV y de Fabricaciones Industriales MAO, SA de CV, firmas registradas en Tula, Hidalgo que también estarían vinculadas al conglomerado de Tapia Vargas, reportó la prensa. E incluso, en el perfil de Facebook de MAO Corporativo, la compañía presume su participación en Dos Bocas.