El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, anunció una estrategia disruptiva y de coordinación institucional para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y así arribar a un sistema de impartición de justicia en esas materias que romperá paradigmas, corregirá costumbres arraigadas y superará prácticas ineficaces, con el propósito de contar con una justicia pronta y sumaria.
Al poner en marcha las acciones al interior de la institución para la citada implementación, sin embargo alertó que los artículos transitorios del decreto que expidió el citado código ordenan a los congresos locales la asignación de recursos para la citada implementación, pero al mismo tiempo prohíben incrementar el presupuesto de servicios personales, además de que limitan las estructuras orgánicas, salariales y ocupaciones a movimientos compensables.
En el acto que contó con la presencia de la senadora Olga Sánchez Cordero; del ex senador y actual gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar; de la diputada Aleida Alavez Ruiz, y del diputado Felipe Macías Olvera, éste último recordó que ahora se cuenta con 60 días, a partir de la publicación del código, para la instalación, desde la Secretaría de Gobernación, de la comisión de coordinación que implementará el correspondiente sistema de justicia, integrado por alrededor de 90 personas, grupo que se encargará de vigilar el proceso de su puesta en marcha.
El magistrado Guerra Álvarez, también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), pidió recordar que la autonomía e independencia de los poderes judiciales debe ser protegida con partidas presupuestales adicionales, a fin de que se consolide la implementación, que entrará en vigor progresivamente a más tardar el 1 de abril de 2027.
Hizo un llamamiento a la comunidad judicial, administrativa, operativa y a “nuestra valiosa base trabajadora” del PJCDMX, a asumir esta tarea con entusiasmo y convertir al órgano judicial capitalino en referente nacional de la nueva forma de administrar justicia con la nueva disposición legislativa.
“A partir de este momento queda en nuestras manos y de nadie más. Se nos encomienda hacer realidad tangible un ideal de justicia, materializar el espíritu de las leyes en realidad cotidiana, el uso de las tecnologías de la información, así como procedimientos más democráticos, expeditos y sencillos en cuyo centro se encuentre la persona justiciable”, enfatizó Guerra Álvarez, quien subrayó que más del 75 por ciento de los conflictos a nivel nacional lo constituyen controversias de las materias civil y familiar.
Esbozó la ruta que se seguirá en la institución, a partir de un “proyecto de implementación muy ambicioso”, entre cuyos objetivos se plantea capacitar a todos sus integrantes mediante actividades académicas con personal docente con experiencia práctica nacional e internacional; la definición de procesos de extinción y transformación de órganos jurisdiccionales con las menores molestias posibles para el personal y los usuarios, y la puesta en marcha de un sistema de gestión que divida el trabajo administrativo y jurisdiccional.
Asimismo, la especialización de personal en diferentes materias y etapas del procedimiento que permita la agilidad de los juicios; la efectividad en el ejercicio de medios alternativos de solución de conflictos, así como el cumplimiento voluntario y legal de las sentencias definitivas, y lograr una reforma judicial integral que preserve la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos.
Reiteró que se cuenta con cuatro años para la capacitación, difusión, edificación de infraestructura, reformas legales y demás medidas para implementar el nuevo código, en aras de consolidar un sistema de impartición de justicia abierta, con mayores cauces, transparente, y sustentado en la metodología de la oralidad, con nuevos sistemas de gestión que impulsen las habilidades y pericia de sus operadores.
El magistrado insistió en que está en manos del órgano judicial capitalino asegurar condiciones de igualdad y no discriminación y privilegiar medios alternativos de solución de conflictos más allá de las formalidades procesales.
“La puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares avista un horizonte de seguridad jurídica, igualdad para todas y todos los justiciables y un trato diferenciado a las personas que vivan con alguna condición de desigualdad o discriminación”, dijo en el acto al que acudieron impartidores de justicia del órgano judicial capitalino, consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México y titulares de áreas de apoyo judicial y administrativas.
En su calidad de presidente de la Conatrib, destacó que celebra la sinergia entre los poderes de la Unión como signo de progreso nacional, y expresó su reconocimiento a la senadora Sánchez Cordero; al hoy gobernador Julio Menchaca, así como a los diputados Alavez Ruiz y Macías Olvera por su trayectoria, compromiso y legado.
En tanto, la senadora Sánchez Cordero destacó el acompañamiento que tuvieron en el Congreso en la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares por parte de la Conatrib, y ofreció la disposición de los legisladores para mejorar lo que en relación con la disposición legislativa más adelante se pueda mejorar.
A su vez, Menchaca Salazar consideró que la implementación del código significa un antes y un después en materia de impartición de justicia civil y familiar; y reconoció que implicará un reto muy grande dada la infraestructura que se requerirá, la actualización y la capacitación no sólo de los operadores del sistema, sino incluso de los litigantes.
En su oportunidad, la diputada Alavez confió en que el código, como parte de la justicia cotidiana, la más cercana a las personas, la que facilita la convivencia armónica y la paz social, sea realmente eficaz para la resolución de las controversias sometidas a los juzgadores.
Al acto acudieron los titulares de los poderes judiciales de Aguascalientes, Juan Rojas García; de Coahuila, Felipe Mery Ayup; de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría; de Morelos, Luis Gamboa Olea; de Querétaro, Mariela Ponce Villa, y de Tlaxcala, Mary Cruz Cortés Ornelas, así como representantes de los órganos judiciales de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Chiapas y Baja California.
DRV