El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), organismo que pertenece al Poder Judicial, detectó en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) casos de personas detenidas por más de 36 horas, —lo que es inconstitucional—, falta de información sobre su situación migratoria y difícil acceso a asesoría jurídica, y condiciones precarias.
Así lo señaló en entrevista con El Heraldo de México, Ana Saiz, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del IFDP, quien detalló que los primeros dos meses del año, el instituto tuvo mil 527 representaciones jurídicas de migrantes ante diversas problemáticas que enfrentan como su detención o deportación.
“El IFDP ha documentado las condiciones inadecuadas de hacinamiento e ilegales por el tiempo de detención porque cualquier arresto de más de 36 horas por razones migratorias es inconstitucional”, indicó.
Actualmente, el IFDP, que depende del Poder Judicial de la Federación, tiene 43 asesores jurídicos en 25 estados del país que ayudan a las personas en situación de movilidad que lo soliciten.
“El Instituto lleva sus casos, como en contra de la detención migratoria o en contra de la deportación, o para acompañarle en su solicitud de asilo ante la Comar”, detalló.
El Instituto lleva la defensa de Jeison Catari Rivas, un migrante de origen venezolano vinculado a proceso por el incendio en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Saiz aseguró que el imputado es una víctima de las violaciones a los derechos de las personas en condiciones de movilidad.
“La persona migrante imputada es una víctima de este sistema que viola los derechos humanos de las personas en la detención migratoria, en las condiciones de la detención y en la duración de la misma”, señaló.
Saiz dijo que el instituto tiene el registro, con base en información de medios de comunicación, que desde 2019 han ocurrido 12 incendios en estaciones migratorias.
LSN
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