Una pena total que va de cuatro a 10 años de cárcel se les impondrá a las personas que adulteren, alteren o introduzcan pastillas en las bebidas en antros y bares, con la finalidad de cometer abuso sexual contra las jovencitas en Sonora.
El pleno del Congreso del Estado aprobó una iniciativa de ley que contempla tipificar el delito de “Sumisión Química”, equiparable al delito de violación, para quien, de manera subrepticia, intimidación o engaño, obligue, facilite, induzca, fomente, propicie o favorezca el consumo de narcóticos, fármacos o cualquier otra sustancia natural o química de una persona.
¿Qué dice la nueva ley para combatir el abuso sexual?
Esto ya sea que tenga la finalidad de manipular o disminuir la voluntad de la víctima, generar su disminución del grado de vigilancia, vulnere la capacidad de juicio y provocar la completa inconsciencia de la víctima. Para abusar de ella.
Además, la nueva ley contempla penas en el caso de que el dueño de un establecimiento donde se vende y consume bebidas embriagantes participe. Si da la orden de alterar una bebida, la pena aumenta una mitad, y si se es cómplice, la pena aumenta una tercera parte.
Las penas contempladas son de cuatro a 10 años de cárcel y una multa que va de 20 a 200 unidades de medida y actualización, independientemente de las penas que alcancen si lograron cometer otros delitos, como el abuso sexual o violación.
La propuesta fue realizada por la diputada Natalia Rivera Grijalva y, mediante un ejercicio de parlamento abierto, se logró ampliar la propuesta para que se obligue a los dueños de antros y bares a contar con un protocolo preventivo, solución tecnológica y de comunicación.
Lo que se busca es que permita a los consumidores solicitar auxilio ante cualquier agresión o síntomas de sumisión química. Esto será un requisito para obtener sus permisos de venta de alcohol cada año y deberán ofrecer dentro de los establecimientos opciones para proteger sus bebidas.
Becas es un derecho constitucional
En la misma sesión, los diputados de Sonora aprobaron elevar a rango constitucional el programa de becas impulsado por el gobierno del Estado, donde ahora quedará establecido como un derecho de ley que los estudiantes puedan acceder a un apoyo, que cada año deberá ser mayor.
La diputada Beatriz Cota Ponce, presidenta de la comisión de educación, precisó que esta propuesta fue enviada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, donde se busca mejorar la educación en Sonora a través de la creación de un sistema universal de becas, establecido como un derecho humano constitucional.
Aclaró que se dará prioridad a las familias que se encuentren en condición de pobreza, vulnerabilidad y personas con discapacidad con el fin de garantizar condiciones de equidad para que concluyan sus estudios. Y se avanzará hasta tener una cobertura de todos los estudiantes de Sonora, para esto, cada año deberán destinarse más recursos que el ciclo anterior.