Ante el amparo que otorgó la jueza para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, afirmó que los legisladores de Morena tienen que actuar en consecuencia.
En entrevista para Noticias con Javier Alatorre, la especialista aseveró que el INAI protege derechos humanos que tienen los mexicanos como lo es el derecho a la transparencia y a la información pública, y el derecho a la protección de los datos personales. El reto que tienen, comentó, es que se garantice que todos los ciudadanos puedan acceder a esos derechos.
Asimismo, manifestó que el hecho de que no se hayan nombrado a tres comisionados del INAI y no se pueda operar, se violan los derechos humanos de los mexicanos, al igual que la Constitución mexicana. Indicó que se ha tratado de activar el órgano de transparencia a través de instancias judiciales la posibilidad de que se cumpla.
México es un país que tiene un equilibrio de poderes, dijo la constitución prevé que hay tres poderes de la unión que sirven como peso y contrapeso. Por ello, afirmó que para estos casos está el Poder Judicial para analizar las cuestiones y controversias en particular de la autoridad que está violando derechos y ordenar que se corrija esa ación irregular y se garanticen los derechos
Agregó que, con esa determinación, los senadores no solo tienen una obligación constitucional, sino que ahora tienen una obligación derivado de un acto jurisdiccional, reiteró, para eso está el Poder Judicial que equilibrar y corregir esas violaciones a derechos humanos.
Disposición judicial va de acuerdo a la Ley
A través de la señal de El Heraldo Media Group, Mariana Calderón afirmó que la ley prevé que los jueces puedan analizar el caso y una juez federal se tiene que basar en la constitución que emita esta suspensión.
Aseveró además que, la ley de amparo es muy clara y no se puede desaparecer el INAI, la cual establece sanciones para aquellas autoridades que desacaten esta instrucciones judiciales, que de manera injustificada o con mala fe no cumplan con las determinaciones judiciales. Incluso, explicó, establece sanciones como multas, inhabilitación o hasta prisión.
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