El jueves 18 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el acuerdo expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que declaraba a las obras y proyectos prioritarios como de interés público y de seguridad nacional, ya que transgrede el derecho de acceso a la información, así como las facultades del Inai para su salvaguarda; sin embargo el mandatario emitió un nuevo decreto, para clasificar obras prioritarias como de seguridad nacional.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que "eso habla del muy escaso carácter democrático que tiene el presidente" y destacó que con el primero acuerdo buscaba violar flagrantemente la Constitución y la Ley, saltarse los procedimientos y ocultar la información.
"Creo que ahí había un intento deliberado del presidente de la República por no transparentar ni rendir cuentas de las obras más importantes de su gobierno, eso ya de por sí era grave, pero qué bueno que en la Corte vimos una mayoría de ocho ministras y ministros que se tomaron en serio sus propios precedentes, la constitución y la ley y que llegan a esta conclusión", expresó.
Sin embargo, dijo que también se vio un bloque de tres ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar, que "parece que son personas que se dejan guiar más por las presiones y los intereses políticos que por ese deber de hacer cumplir y respetar la Constitución".
Agregó que se dejó sin efecto un procedimiento como fast track para obtener autorizaciones, en el que la Corte logró un consenso necesario, pero es preocupante la respuesta del presidente al señalar que si se invalida un decreto, propondrá otro, aunque más acotado.
"El mensaje que manda el presidente es muy claro, lo que está diciendo es que a él no le van andar poniendo límites, que aunque la Constitución diga una cosa, la ley diga otra y la Corte reafirme lo que dice el ordenamiento, el presidente está dispuesto a irse por la libre", apuntó.
Agregó que esto es alarmante porque todos los poderes públicos deben respetar las leyes del juego y cuando hay una controversia está el Poder Judicial para fijar y establecer cuáles son los límites.
Finalmente, sostuvo que es un mensaje político que no se había visto en la historia de la democracia mexicana, "por lo menos yo no alcanzo a recordar una situación análoga".
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