El pasado miércoles 17 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se realice una consulta popular para definir si los magistrados de la Suprema Corte deben ser elegidos directamente por los ciudadanos.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, dijo que las consultas populares se han devaluado y se ha desnaturalizado su objeto específico de hacer una consulta a la ciudadanía, ya que lamentablemente se usan como una arma política o les dan un sentido diferente.
"La única que hemos tenido fue 'para enjuiciar a los expresidentes', que ni siquiera era para enjuiciar a estos, la Corte cambió la pregunta y era para enjuiciar a actores políticos del pasado y qué ha pasado de eso, absolutamente nada", expresó.
Destacó que la clase gobernante está utilizando figuras que se establecen en la Constitución, pero con un fin distinto para el que han sido creadas.
Este año no se podrán realizar
Explicó que las consultas populares en abstracto se pueden llevar a cabo mediante un procedimiento en el que la Suprema Corte revisa la constitucionalidad de la pregunta y luego realizarse el primer domingo de agosto de cada, por lo que en este 2023 ya no se podría llevar a cabo, sino hasta el próximo.
En cuanto a la pregunta relacionada con la elección de los integrantes del Poder Judicial o de los ministros, magistrados y jueces para que puedan ser electos por el voto popular, indicó que la Constitución establece una serie de condicionantes en los que hay temas que no podrán ser objeto de consulta popular, entre esos, la materia electoral.
"El hecho de que eventualmente se pretenda consultar a los ciudadanos si quieren que los ministros sean electos por el voto popular, eso es materia electoral y en automático la Suprema Corte cuando llegue a revisar la constitucionalidad de esa materia de la consulta, tendrá que desecharla por inconstitucional, y en ese momento otra vez van a atacar a la Corte porque van a decir que no quiere autorizar una pregunta", detalló.
Son "carísimas"
El abogado constitucionalista agregó que las consultas populares "son carísimas"; sin embargo, la que se realizó para enjuiciar a los expresidentes tuvo un presupuesto "muy apretado" y no se instalaron todas las casillas.
Esta tuvo un costo de 528 millones de pesos, según las consejeros del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordan y Uuc-kib Espadas Ancona.
Añadió que fue de "contexto", pero si se quisiera realizar otra con una organización similar a la de un proceso electoral, tendría un costo mayor.
"Me parece un despropósito hacer una consulta cuando ellos tienen la facultad para presentar iniciativas porque además se quiere reforma la Constitución, no se necesita ninguna consulta popular y además también dudo muchísimo que se pueda llegar a tener la participación de ese 40 por ciento de la ciudadanía que se requiere para que puedan ser vinculantes", expresó.
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