La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el acuerdo presidencial que clasifica como seguridad nacional los proyectos y obras prioritarias del gobierno federal. La controversia constitucional fue presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contra este documento publicado el 22 de noviembre de 2021 y que también instruye a las dependencias a otorgar en cinco días hábiles las autorizaciones provisionales necesarias para iniciar las obras.
“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”, indica el artículo primero del acuerdo.
El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso invalidar el acuerdo presidencial. “El proyecto propone que es inconstitucional este acuerdo porque su amplitud y ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del gobierno de México”, dijo González Alcántara.
También, explicó, porque pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos. El ministro Zaldívar se pronunció en contra de la invalidez del acuerdo porque dijo que el documento no interfiere en el derecho de acceso a la información pública ni afecta las atribuciones del INAI en materia de transparencia.
Aseguró que la información pública no queda reservada por el sólo hecho de que se califique de interés público o de seguridad nacional en la ley.
“De ninguna parte del acuerdo se desprende que su objetivo sea reservar la información generada con los proyectos a los que se refiere”
Yasmín Esquivel fue la segunda integrante de la corte en pronunciarse en contra de la propuesta, mientras que Loretta Ortiz indicó que no comparte que el acuerdo regule una reserva de información, por lo que anunció su voto en contra del proyecto.
La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que el acuerdo genera inseguridad jurídica por la amplitud de leyes y ordenamientos en materia administrativa que abarca sobre el régimen de contratación pública. “Tenemos aquí, como ya se ha mencionado, telecomunicaciones, aduanero, hidráulico, salud. Esto anula las mejores prácticas en materia de transparencia institucional”, dijo.
FOTO: Archivo
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