A pesar de los intentos de la oposición por aplazar la discusión, en comisiones unidas de la Cámara de Diputados se aprobó la iniciativa para expedir la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación con la que desaparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías como órgano articulador de la política pública en la materia.
Portando carteles con la leyenda “Morena excluye a los investigadores de la toma de decisiones” y con la pregunta “¿Cuál es la urgencia? la mayoría de Morena y sus aliados, aprobaron la propuesta presidencial, en la que se señala que habrá un nuevo consejo de la ciencia que, seguirá siendo un organismo descentralizado del Estado Mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión bajo su propia normatividad.
Actuará como entidad asesora del Ejecutivo Federal, especializada para articular las políticas públicas del Estado en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, y se consolidará como articulador del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Derecho humano a la ciencia
El presidente Andrés Manuel López Obrador expone que la Ley tiene por objeto coadyuvar a garantizar el derecho humano a la ciencia, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con el fin de que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general.
En la exposición de motivos, se señala que en las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la política en la materia aterrizó en el fomento a la vinculación entre centros de investigación científica y tecnológica público con las empresas del sector privado; el financiamiento público a través de fideicomisos y transferencias financieras hacia empresas privadas, entre otros con la imposición de criterios elitistas y de evaluación productivista en el Sistema Nacional de Investigaciones, así como la renuncia del Estado a obtener y conservar como bienes públicos y sociales, los avances en la innovación y la ciencia financiada con recursos públicos, mediante el abandono de la propiedad intelectual resultante.
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A favor, Aracely Celestino del Partido del Trabajo, se congratuló por la construcción del dictamen, que tuvo más de 276 modificaciones en 57 artículos que afirmó, traerá consigo diversos beneficios para la comunidad científica y el desarrollo de las humanidades, ciencia y tecnología en México.
“Se introduce el derecho humano a la ciencia, conforme a los principios de universalidad, interdependencia y progresividad, siendo un cambio profundo. Un tema que el Partido del Trabajo siempre ha estado a favor, es el acceso universal de becas; se fortalece el Sistema Nacional de Investigadores, se robustece el Sistema Nacional de Centros Públicos, se estableció que el presupuesto asignado a ciencia, nunca podrá ser menor en términos reales al de su ejercicio fiscal anterior, asimismo deberá estar por encima de la inflación”, indicó.
Iniciativa es anti federalista
Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, aseguró que la iniciativa es anti federalista ya que le da todo el control al ejecutivo federal para ejercer los recursos correspondientes; el establecimiento de la agenda nacional y de los nombramientos de los directores de Centros de Investigación y de los mecanismos de evaluación de los proyectos y carreras de académicos e investigadores.
“Se elimina de la ley el objetivo de llegar al uno por ciento del producto interno bruto de recursos canalizados a la ciencia; no garantiza la libertad académica en los centros de investigación, ni se establecen los mecanismos de evaluación de pares, con los procesos académicos, por ello, consideramos que este proyecto dictamen, vulnera la libertad académica y amenazas la operación autónoma de las comunidades académicas, incluidos los centros públicos de investigación”, dijo.
El documento presidencial señala que el Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular en universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculado a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas.
Por ello ahora, el Consejo Nacional contará con un órgano de vigilancia integrado por una persona Comisaria Pública, designada por la Secretaría de la Función Pública, así como un Órgano Interno de Control y un Órgano Interno Consultivo.
Al final, antes de la votación, los diputados de oposición abandonaron el Salón de Protocolos, molestos por lo que dijeron "falta de debate y aceptación de propuesta ante la mayoría cerrada de Morena y sus aliados".
Con información de Elia Castillo
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dhfm