Tras cuatro horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó fast track la madrugada de este viernes en lo general y en lo particular, las reformas a la Ley Minera; de Aguas Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua, pasó al Senado para su análisis, discusión y eventual aprobación.
De las más de 20 reservas presentadas al dictamen únicamente se aprobó una de la diputada de Morena, Irma Juan Carlos que establece que el costo de la consulta que se realicen a las comunidades indígenas para el otorgamiento de concesiones en sus territorios, deberá ser cubierto por “la persona física o moral que solicite la concesión o asignación” y no por la persona a la que se le otorgue el permiso como señalaba la redacción original.
El dictamen que otorga concesiones mineras hasta por 80 años y de agua hasta por 55 años para recuperar la rectoría del Estado en materia minera y ambiental.
La iniciativa suscrita por los diputados de Morena Ignacio Mier, Manuel Rodríguez y Aleida Alavez, fue presentada en la sesión de este jueves y con la anuencia del bloque lopezobradorista le fueron dispensados todos los trámites para someterlo a discusión de inmediato.
El proyecto deriva de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero descafeinada, toda vez que originalmente planteaba reducir de 50 a 15 años las concesiones mineras.
La nueva propuesta de reforma a la Ley Minera; de Aguas Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, establece que se otorgarán concesiones hasta por 30 años, que podrán ser prorrogables hasta por 25 más y luego de ello los concesionarios podrán participar en la siguiente licitación de manera preferente y podrán obtener un permiso por 25 años más.
En el caso de las concesiones por el uso y aprovechamiento del agua, establece permisos hasta por 30 años, prorrogables a 25 años más.
En el inicio de la discusión legisladores del PAN y MC, presentaron mociones suspensivas, por separado, para frenar la aprobación de la reforma, pero fueron desechadas por la mayoría de Morena y aliados, la oposición pidió que se respetaran los acuerdos para que el tema se sometiera a parlamento abierto y se discutiera hasta el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre.
Los diputados de oposición acusaron que la reforma fue pactada en “lo oscurito” y tiene dedicatoria para las cuatro principales grandes empresas mineras del país y en cambio, afecta terriblemente a la pequeña y mediana minería.
“Lamentablemente, por más buenas intenciones que se quiera poner detrás a esta iniciativa, esta iniciativa nos va llevar a la parálisis de un sector que representa el 10 por ciento del sector manufacturero de México y representa empleo para 2 millones y medio de mexicanos, los invito a reflexionar”, señaló el diputado del PRI, Ildefonso Guajardo.
El dictamen también modifica el nombre de Ley Minera a Ley de Minería, elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante, modificando el procedimiento para otorgar concesiones mediante concurso público, bajo las mejores condiciones económicas para el país y el beneficio para la población, garantizando acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, así como, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.
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