Pedro Tello, analista económico y asesor empresarial, tuvo una conversación con Javier Alatorre a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, para hablar de la iniciativa para que el gobierno federal pueda cancelar los contratos que se han establecido con algún proveedor.
El analista indicó que un servidor público de cualquier dependencia puede evitar el cumplimiento de estos acuerdos basándose únicamente en el sustento de un interés público, concepto al que calificó como opaco y que podría ser discrecional.
Esto, dijo, puede poner en riesgo el pago de los empleados de las compañías, así como la falta de liquidez de estas organizaciones. Destacó que esta normativa reduciría de forma importante las indemnizaciones que se deben dar a estos conglomerados.
Indicó que es necesario que se transparenten los costos que ha significado para el Estado para que se pueda evaluar si es necesario cambiar las normas por un supuesto desbalance en las finanzas por el pago de estas cuotas.
Acusó al gobierno federal de ser opaco a la hora de establecer sus contratos y además permitir una ilegalidad latente que no permite al sector privado tener garantía de que se protegerán sus derechos.
"80 de cada 100 contratos se han entregado por asignación directa, violando la ley y beneficiando a un grupo reducido de proveedores", dijo.
Aseguró que la falta de certidumbre jurídica terminará con la emisión de amparos por parte de los proveedores del Estado a fin de evitar perder sus recursos.
La desaparición de diversas dependencias de gobierno y fideicomisos, comentó que solamente debe hacerse en caso de que haya una comprobación de la duplicidad de funciones se pueden hacer estos cambios, pero cuestionó que se hiciera algún ahorro como lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que él mismo prometió que se mantendría la nómina completa de estas instituciones.
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