El Gobierno de México presentó una propuesta de reforma a la Cámara de Diputados que busca incluir una "cláusula exorbitante" o de terminación anticipada en todos los contratos nacionales o internacionales de adquisiciones y obra pública, con el objetivo de permitir la terminación anticipada y unilateral de los mismos sin necesidad de indemnización.
Según fuentes cercanas a la propuesta, esta iniciativa modificará 23 leyes y establecerá una excepción a la necesidad de indemnización en caso de que la revocación o terminación anticipada del contrato se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad o integridad de las personas e instituciones nacionales.
Reforma al artículo 11 Bis para la Ley Federal de Procedimientos Administrativos
"Salvo en los casos previstos en otras leyes, no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: La revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad o integridad de las personas e instituciones nacionales", expresa la propuesta de artículo 11 Bis para la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
En caso de tener que pagar indemnizaciones, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador establecerá límites en los montos que se deben pagar, únicamente en casos que involucren procedimientos jurisdiccionales o arbitrales. La reforma también pretende modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para permitir la ejecución de proyectos prioritarios sin la necesidad de contar con los permisos legales adecuados.
Prevenir "reclamaciones fraudulentas o desproporcionadas"
"Dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad e incluso derechos de vía o expropiaciones de inmuebles, podrán gestionarse por la dependencia o entidad paraestatal de que se trate de manera simultánea al inicio de la obra", señala la reforma. El objetivo es prevenir "reclamaciones fraudulentas o desproporcionadas" que puedan ser presentadas en instancias mexicanas o extranjeras en contra del Estado mexicano, ya que se argumenta que tan sólo de 2011 a 2019, los montos por indemnizaciones aumentaron 500 por ciento.
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