En la Comisión de puntos constitucionales de la Cámara de diputados declararon receso de, cuando menos una hora, para continuar con la revisión del dictamen de la Ley de Justicia Electoral y de Reforma al articulo 123 de la Constitución para hacer obligatorios dos días de descanso para los trabajadores a la semana.
La reunión de trabajo de la Comisión de puntos constitucionales estaba programada, en primera instancia para el lunes a las 6:00 pm, pero se re programó para este martes a las 10:00 am. Tras la reanudación de los trabajos suspendidos previó a la Semana Santa, el presidente de la comisión, Juan Ramiro Robledo indicó que la suspensión buscan la mayoría de consensos e incluso la unanimidad con todas las fracciones parlamentarias.
“Los coordinadores de esas seis fracciones estarán invitando también al coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano. Están ahora reunidos en la Junta de Coordinación Política haciendo un esfuerzo, precisamente para llegar a los mayores consensos que permitan, si es posible unanimidad en este dictamen. Si fuera así, vale la pena esperar un poco”
Resaltó que no es cualquier cosa lo que se está planteando, ya que tiene que ver con muchas consideraciones jurídicas y políticas en torno al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La respuesta se dio luego de que el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro cuestionó el motivo del receso, ya que se reanudaron la mañana de este martes y se decretó la pausa sin ninguna argumentación.
“Me pregunto yo si tiene que ver con que no hay consenso al interior de los grupos parlamentarios. Me pregunto si algunos grupos parlamentarios que están dando el paso a traicionar al pueblo de México después de haber convocado marchas, después de haberse desgañitado y rasgado las vestiduras en el Monumento a la Revolución, en el Zócalo, pues ahora están entrando en razón ¿Que es lo que ha hecho que este proceso sea tan tortuoso para llegar a la discusión del dictamen, presidente?”, interrogó.
En una análisis realizado a la Ley de Justicia Electoral, Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados aseguró que la iniciativa constitucional busca limitar de forma absoluta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y reducir al máximo la defensa de derechos políticos, que no se puedan atender asuntos en materia de acciones afirmativas y paridad, y limitar las decisiones en relación con la vida interna de los partidos.
La bancada naranja, indicó que con su aprobación se cierra la vía jurisdiccional y todo quedará en manos de los partidos, ya que limitará al Tribunal Electoral en su capacidad de estudiar asuntos de derechos políticos desde estándares internacionales de Derechos Humanos.
"La propuesta da monopolio al congreso"
Indica que la propuesta da al Congreso de la Unión el monopolio absoluto para determinar acciones afirmativas a nivel federal y estatal. “De esta forma, ningún congreso estatal podrá legislar para establecer acciones afirmativas. También, limita a cualquier autoridad electoral a determinar acciones afirmativas. Por lo tanto, cualquier omisión o determinación sobre este tema no puede ser resuelto por ninguna otra autoridad”, precisa.
Otro punto que destaca MC en en San Lázaro es que además, le otorga poder absoluto a los partidos para postular o no candidaturas de grupos sobrepresentados, así como tener en sus órganos internos representación de estos grupos, ademas de que, en ejercicio de su autodeterminación y auto organización, “establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados”.
Como el Tribunal Electoral no podrá conocer de estos temas, los partidos políticos pueden excluir a cualquier grupo sin rendir cuentas a ninguna autoridad. Los militantes quedan sin protección. MC afirma que está en contra de la propuesta, ya que debilita el avance democrático y da término a 26 años de trabajo y consolidación de este órgano especializado para garantizar los derechos político electorales y cierran toda vía jurisdiccional para resolver conflictos. Todo quedaría en manos de los partidos, sin rendir cuentas a ninguna autoridad.
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FOTO: Archivo
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