Por considerar que en el municipio de San Ignacio Río Muerto, ubicado al sur de Sonora, las autoridades locales han realizado acciones que afectan a los habitantes, el ciudadano Héctor Hernández García solicitó un juicio político en contra del alcalde Abel González Ambriz, el cual fue ratificado este jueves.
Fue en una reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Sonora, donde el ciudadano que solicitó el juicio político ratificó esta denuncia, pidiendo a los diputados que analicen su queja y determinen a favor de los habitantes de San Ignacio Río Muerto.
El juicio político no sólo es contra el presidente municipal, sino también contra Judith Guadalupe González Torres, sindica municipal; Santiago Quiñonez Puente, María Teresa Argüelles Rivera, Ignacio Valenzuela Alcantar, Melina Flores Barraza, y Brenda Yazmina Chávez Cristin, en su calidad de regidores.
El presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado Jacobo Mendoza Ruiz, precisó que el proceso marca que la solicitud se debe ratificar y luego ellos tienen un plazo de 10 días hábiles para analizar todos los documentos, recabar pruebas y testimonios, y resolver si es procedente o no.
Detalló que la ley marca que un juicio político procede cuando una autoridad afecta los intereses públicos fundamentales en diversas modalidades, sin embargo, no pueden pronunciarse sobre el fondo de la denuncia porque el proceso apenas inicia, pero se estudiará el expediente y se resolverá en tiempo y forma.
Abel González Ambriz, presidente municipal de San Ignacio Río Muerto, fue electo para el trienio del 2021 al 2024, y llegó representando al Partido del Trabajo.
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