Una veintena de estados gobernados por demócratas presentó una moción denominada Amicus Curiae, en favor de la demanda mexicana contra fabricantes de armas de fuego estadounidenses, como corresponsables de la violencia y muertes en el país.
Una presentación del documento de los gobiernos estatales demócratas señala que las empresas fabricantes “están plenamente conscientes de que sus armas de fuego se traficaban en el país, a sabiendas de que se violaban las leyes aplicables a la venta o comercialización de armas".
Entre los estados que apoyan la demanda de México destacan Washington, Wisconsin, Nueva York, Texas, Illinois, Pennsylvania, Nuevo México, Kansas y California, entre otros.
La demanda mexicana fue desestimada el año pasado en Massachussetts y se presentó una apelación ante el primer circuito federal.
Los gobiernos estatales apoyaron la petición mexicana en cuanto a la apelación y argumentaron que el tribunal debería desestimar el fallo del tribunal de distrito.
Los estados demócratas hacen notar que la compra legal de armas en México es muy difícil, que el país cuenta con una sola tienda de armas y que emite menos de 50 permisos de posesión o portación.
Sin embargo, se estima que unas 200 mil armas de fuego entran clandestinamente todos los años a México procedentes mayormente de Estados Unidos. De acuerdo con el documento, los fabricantes de armas se acogen con frecuencia a la llamada ley de protección del comercio legal de armas, promulgada en 2005 en Estados Unidos, y que prohíbe que se inicien acciones de responsabilidad civil en cuanto a fabricantes y distribuidores.
Para Rob Bonta, fiscal general de California, "en la mayoría de las industrias, las empresas son muy conscientes de que pueden ser responsables cuando violan la ley; las armas de fuego no deberían ser diferentes. Instamos a la corte a que revoque la decisión de la corte de distrito y permita que este caso avance".
Incluso, el pasado 13 de marzo, el Gobierno de México presentó una apelación en contra de la sentencia emitida por la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, la cual rechazó la primera acción civil en contra de empresas manufactureras de armas en agosto de 2021.
Así, el gobierno del presidente López Obrador pide que se analice si la decisión de la Corte de Distrito de Boston se apegó a derecho, en específico en lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de Estados Unidos cuando hay un uso criminal de las armas y el daño que han causado en territorio mexicano.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la apelación fue presentada en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, con sede en Boston.
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