La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asestó otro golpe al Plan B electoral al resolver como inconstitucional una parte de éste, y confirmó que el Congreso no tiene facultades para ordenar el cese de funciones de Edmundo Jacobo como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.
Con votación empatada, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, dio un voto de calidad para avalar que el Congreso de la Unión excedió sus funciones al aprobar un decreto de Reforma Electoral que contiene un transitorio en el que se ordena al INE el cese y nombramiento de un nuevo secretario Ejecutivo.
En su proyecto, la magistrada Janine Otálora Malassis afirmó que el Congreso no puede instruir al Consejo General del INE cómo debe procesar el nuevo nombramiento del secretario Ejecutivo.
Sostuvo que hay una inaplicación de la norma y es inconstitucional porque el Congreso incide en la autonomía del INE y sus facultades constitucionales.
"El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es garante de la autonomía del sistema electoral mexicano", dijo.
Asimismo, se declaró que el Congreso no puede cesar en funciones ni establecer parámetros para nombrar a un nuevo secretario Ejecutivo, reforma que fue avalada en el décimo transitorio del Plan B del Presidente.
Sin embargo, tres magistrados (Mónica Soto, José Luis Vargas e Indalfer Infante) votaron en contra de dicha resolución, ya que argumentaron que el juicio quedó rebasado, pues Edmundo Jacobo retiró su impugnación luego de que la Corte declaró inconstitucional dicha norma del Plan B y el secretario Ejecutivo regresó a ese cargo.
CONSEJERÍA CRITICA FALLO
En tanto, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República consideró que la resolución de Tribunal Electoral invade las facultades de la Corte y desconoce la competencia de un juzgado de distrito en materia de amparo.
Incluso, criticó que los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Janine Otálora “forman parte de un bloque dentro del TEPJF que sistemáticamente resuelven asuntos que no son de su competencia o que contradicen los criterios de la SCJN”.
Incluso, la Consejería Jurídica del Ejecutivo informó que explorará todas las vías jurídicas para combatir la resolución ilegal que aprobó la mayoría de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, al tiempo de acusarlos de formar parte de una guerra jurídica contra el Plan B electoral.
“Cabe recordar que este grupo de magistrados electorales fueron beneficiados de un acuerdo inconstitucional que data de 2016, entre las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República.
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