A once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Tarahumara, en Chihuahua, les fueron otorgadas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 22 de enero, por considerar que se encuentran en una situación de riesgo ante las amenazas que han recibido por parte del crimen organizado, y al no haberse implementado un esquema de seguridad efectivo.
Sumado a esto, ya han pasado siete meses desde que el pasado 20 de junio de 2022 fueron asesinados los sacerdotes Javier Campos, Joaquín Mora y el guía de turistas Pedro Palma, así como el joven Paul Berrelleza, en Cerocahui, sin que hasta el momento se haya detenido a José “N”, conocido como “El Chueco”, el principal responsable.
De acuerdo con el organismo no hay un esquema de seguridad efectiva, por ese motivo solicitó al Gobierno de México implementar las medidas necesarias para proteger al grupo e informar respecto a las acciones que se han realizado para investigar los homicidios.
Las opiniones
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Javier Ávila, sacerdote jesuita, comentó que es un avance y una presión internacional hacia las autoridades mexicanas.
"Me da la impresión que las medidas cautelares a veces se conceden como una consecuencia de un proceso mal llevado o de una dilación o incapacidad en la impartición de la justicia", manifestó.
Destacó que estas medidas son una esperanza y una presencia muy importante en el caso de los dos sacerdotes y los laicos asesinados. De acuerdo con Ávila, estos asesinatos alteraron la vida y la dinámica de trabajo; sin embargo, pese a todas las dificultades, continuaron con su labor pastoral y su atención a las comunidades, siempre con las prudencias necesarias.
Dijo que en el ambiente se mantiene la incertidumbre y la preocupación pues el responsable de los asesinatos sigue libre, por lo que cualquier cosa puede ocurrir. Empero, con estas medidas cautelares continuará el ritmo ordinario de la comunidad, pero con "más tranquilidad, porque ya hay una protección más oficial, digamos, la protección se ha tenido desde que devinieron los asesinatos, pero ahora con las medidas cautelares ya hay líneas más definidas, ya se puede dialogar más con las autoridades federales y estatales".
El siguiente paso, agregó Ávila, es tener un diálogo con los beneficiarios y las autoridades correspondientes para saber en qué consistirán las medidas cautelares y lo que se va a solicitar.
Se sienten amenazados
El sacerdote jesuita señaló que las amenazas nunca han desaparecido, están latentes, sobre todo en contra de quienes hacen señalamientos, en contra de "quienes nos negamos a seguir un sistema que no favorece a la comunidad ni al pueblo".
"Esas amenazas más patentes, digamos, no ha habido últimamente, pero ahí están, existieron, a lo mejor no ha habido porque no aparece en escena este sujeto, pero el riesgo sigue existiendo, no desaparece", expresó.
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