Catorce gobiernos estatales deben aclarar el uso de 14 mil 934 millones 644 mil 858.69 pesos, con los que, principalmente, excedieron lo autorizado en sus Presupuestos de Egresos para cubrir sueldos, salarios, dietas, honorarios y gastos de seguridad social, así como obligaciones laborales y otras prestaciones. El monto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reclama a entidades de todo signo político que comprueben, también es por falta de previsión de recursos para fideicomisos relacionados con desastres naturales y por no justificar en qué destinaron ingresos excedentes que obtuvieron durante 2021.
Lo anterior es parte de 32 auditorías a los Poderes Ejecutivos para vigilar el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la congruencia de la información financiera con la entrega de sus cuentas públicas.
Gran parte del monto observado corresponde a cuatro estados: Michoacán, que el año de la auditoría fue mandatado hasta septiembre por el perredista Silvano Aureoles y, después, por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla; Durango, a cargo del panista José Rosas Aispurio; y Veracruz, del también morenista Cuitláhuac García.
La mayor cantidad de dinero por justificar en estas auditorías que se centran en las disposiciones financieras, consultadas por El Heraldo de México, está en Michoacán: 8 mil 219 millones 604 mil 201.58 pesos.
Cinco mil 43 millones 642 mil 761.00 pesos se deben a que el Poder Ejecutivo obtuvo ingresos excedentes a través de ingresos de libre disposición, pero no proporcionó la documentación de su destino, ni evidencia de que fueran autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración.
Los otros 3 mil 175 millones 961 mil 440.58 pesos son por incrementar la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos, una recurrencia entre las entidades observadas.
Le sigue Durango, con 2 mil 895 millones 16 mil 599.80 pesos, cuyo 99.2 por ciento fue por exceder el porcentaje establecido en la normativa respecto de la contratación de financiamiento neto.
La ASF constató que, de los ingresos de libre disposición previstos por el gobierno, el cálculo del Techo de Financiamiento Neto (TFN) fue “no razonable”, pues previó el 5 por ciento, pero excedió al 28.2% respecto del límite.
Asimismo, corroboró que generó un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo; sin embargo, no presentó evidencia de la solicitud ni de la autorización de financiamiento neto adicional al TFN contemplado.
El dictamen de Veracruz suma recuperaciones probables por mil 226 millones 591 mil 241.02 pesos, que se deben a un aumento indebido en la asignación global de servicios personales.
Respecto a cantidad demandada para aclaración continúan Puebla, con 679 millones 76 mil 139.56 pesos de ingresos excedentes que se destinaron a rubros que no se encuentran considerados conforme a la normativa y, asimismo, no acreditó que tuvieran un fin específico en términos de las leyes.
De estos, 412 millones 724 mil 309.83 pesos son por no presentar evidencia ni autorización, por parte de su Secretaría de Finanzas, de la aplicación de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, mientras que los 18 millones 466 mil 674.40 pesos restantes corresponden a un aumento al gasto de servicios personales, contrario al monto aprobado en el presupuesto.
Aguascalientes, que debe aclarar 236 millones 404 mil 230.08 pesos por ingresos excedentes pendientes de autorización y cuyo destino no comprobó el destino, aunado a que no realizó la previsión y pagó Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por 416,631.20 pesos.
A Chihuahua la ASF pidió aclarar 12 millones 993 mil 985 pesos que eran para un fideicomiso, “además de que no se comprobó que se destinaran los recursos para este fin”.
Por esta irregularidad, Coahuila también debe justificar 7 millones.
La exigencia de comprobación, con pruebas documentales, del ejercicio de los recursos la completan Nuevo León, con 42 millones 411 mil 303.40 pesos excedentes en servicios personales.
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