El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha endurecido su postura contra redes criminales y delincuentes fiscales, ya que al día se presentan tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra personas que incurren en impresión ilegal de comprobantes fiscales, desobediencia y resistencia de particulares, falsificación de documentos en general, equiparable al contrabando y delitos relativos a declaraciones contabilidad y documentación.
Un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), enviado al Senado, precisa que desde 2020, al cierre de 2022, han presentado denuncias contra involucrados de alto nivel para un combate real a la corrupción.
En ese periodo se presentaron tres mil 81 denuncias ante la FGR que involucran a tres mil 150 personas y se han vinculado proceso a 596 personas, de los cuales son 28 servidores públicos, 268 personas físicas y 300 personas físicas relacionadas con personas morales.
Asimismo, de enero a diciembre de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció penalmente a 827 contribuyentes, 400 son personas físicas y 427 son personas físicas relacionadas con personas morales.
También se encuentran vinculadas a proceso 116 personas físicas y 137 personas físicas relacionadas con personas morales, así como 11 denuncias ante la FGR por presuntos delitos en contra de 15 servidores públicos.
Las denuncias estuvieron vinculadas principalmente a delitos en relación al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), impresión ilegal de comprobantes fiscales, delitos depositarios y resistencia de particulares, falsificación de documentos en general, equiparable al contrabando y delitos relativos a declaraciones contabilidad y documentación.
El informe precisa que, incluso en las evaluaciones del ámbito internacional, realizadas al SAT por organismos internacionales y calificadoras, reconocieron que la estrategia permite también garantizar los recursos suficientes para financiar el gasto de inversión pública y social que son prioritarios.
En ese tema, el pasado 4 de noviembre de 2022 en la evaluación anual realizada a México por el Fondo Monetario Internacional destacó la aplicación de políticas fiscales para mitigar los efectos de los altos niveles de inflación y facilitar la recuperación económica a inicios de 2023.
En el mismo mes, la agencia Fitch ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en "BBB", con perspectiva estable, la cual fue respaldada por un marco normativo de política macroeconómica prudente, finanzas externas robustas y estables, obteniendo un porcentaje de deuda respecto al PIB menor que la mediana de los obtenidos con calificación "BBB".
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