La LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó reformas a 7 artículos de la Constitución Política del Estado para restringir el acceso a cargos públicos y de elección popular a personas condenadas por violencia familiar, delitos sexuales y deudores alimentarios.
Con 34 votos a favor las y los diputados, dieron entrada a estas adecuaciones en donde se expone que la limitarte será vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado, jueces, secretarios y magistrados; así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.
Además de no estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa en cualquier registro oficial a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda o bien, tramite el descuento pertinente ante las instancias que así correspondan.
La diputada promovente de esta ley, Concepción Rueda, detalló que se trata de reformas a la Constitución de Oaxaca en las que se establece que las personas sentenciadas por violencia familiar y doméstica o cualquier agresión en el ámbito privado o público; quienes hayan sido sentenciados por delitos sexuales y quienes se encuentren registrados como persona deudora de pensión alimentaria no podrán ocupar cargos en el servicio público en Oaxaca o aspirar a un puesto de elección popular.
"Nos dimos cita para participar en esta revolución a la que hemos estado adscritas desde el día que nacimos. Esta iniciativa apela al sentido común porque recuerda que el valor de un gobernante se mide en como trata a las mujeres y niños", dijo.
También aplica a aspirantes a diputados
Entre los órganos autónomos estatales, destaca el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, así como la Fiscalía General del Estado -incluyendo a ministerios públicos, policías investigadores, facilitadores, entre otros.
Asimismo, se contempla que este requisito sea exigible para las personas que deseen postularse como diputados o diputadas locales. También, para las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado.
El dictamen emana de las iniciativas presentadas por las diputadas, Mariana Benítez Tiburcio, María Luisa Matus Fuentes, Lizbeth Anaid Concha Ojeda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Yesenia Nolasco Ramírez, Haydee Irma Reyes Soto, del Grupo Parlamentario de Morena; Antonia Natividad Díaz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Miriam de los Ángeles Vásquez Ruíz; del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Ysabel Martina Herrera Molina, Minerva Leonor López Calderón del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Eva Diego Cruz y Gabriela Pérez López del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Adriana Altamirano Rosales del partido Nueva Alianza y Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez del Partido Unidad Popular, Concepción Rueda Gómezy Melina Hernández Sosa.
Así como la presentada por el gobernador, Salomón Jara Cruz.
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dhfm