La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó reformas y adiciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con las que se establecen hasta 53 años de prisión a quien utilice drones con fines terroristas que derivan de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin moverle ni una coma, respecto de la propuesta del titular del Ejecutivo, con 27 votos a favor y una abstención de Movimiento Ciudadano, la instancia legislativa aprobó el dictamen enviado el pasado 4 de agosto a la Comisión Permanente, fue turnado a la Mesa Directiva y se prevé que sea discutido y votado en el pleno de la Cámara de Diputados, la próxima semana.
Créditos: Archivo
El uso de los Drones para el terrorismo en México
Entre otros aspectos, la iniciativa presidencial tipifica como terrorismo el uso de drones para provocar alarma, temor o terror en la población, atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, mediante la utilización de sustancias tóxicas o explosivos.
En este contexto, propone aumentar hasta en un tercio la pena de hasta 40 años de cárcel prevista para el terrorismo, alcanzando un máximo de 53 años.
Adiciona un el capítulo “Uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia” en el Código Penal Federal, donde se establecen sanciones de hasta 30 años de prisión a quien, mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia, arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas sobre otras personas o bienes.
La misma sanción se aplicaría a quienes, con el uso de drones, impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
¿Cuántos ataques con drones se han registrado en México?
En su exposición de motivos, la iniciativa presidencial detalla que, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, desde 2020 a la fecha se han reportado 605 ataques con drones, destacando los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
“Tan solo durante el primer semestre de este año se han verificado 260 ataques de este tipo, es decir, 27 más que en todo el 2022. El incremento en la incidencia de estos hechos se representa en un 5 mil 100 por ciento, un grado de crecimiento que permite considerarlo como un fenómeno de alto impacto”, advierte.
Al fundamentar la abstención de Movimiento Ciudadano, la diputada Julieta Mejía sostuvo que la iniciativa es “totalmente punitivista” y aunque admitió la necesidad de regular el uso de drones, alertó sobre ambigüedades e imprecisiones en el articulado
“No vemos el sentido de aumentar una pena, por el uso de drones, cuando el delito es el mismo”, dijo.
Con información de Jorge Almaquio García
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srgc