El abogado José Francisco "N", director de la Firma Jurídica Díaz e hijo de José Francisco Díaz Arriaga, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJEH), fue detenido por su presunta responsabilidad en un fraude por 39 millones de pesos en Pachuca, Hidalgo.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) había solicitado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la activación de una ficha roja para la búsqueda del litigante, ante la posibilidad de que se hubiera evadido del país; no obstante, apareció mediante transmisiones de redes sociales para asegurar que no se había fugado, aunque acusaba actos de “desacreditación” por lo que llamó un “conflicto entre particulares” por los servicios que ha otorgado.
La detención ocurrió afuera del hotel La Misión, en Pachuca, en cumplimiento a una orden librada por un juez. La semana previa, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) catearon dos propiedades asociadas con Díaz Cravioto: el edificio de la Firma Jurídica Díaz, ubicado en el bulevar Luis Donaldo Colosio, y una residencia en la privada exclusiva de Club de Golf, ambas en Pachuca.
Con base en información a la que se tuvo acceso, contra el abogado se sigue la causa penal 1048/2022 por un posible fraude contra la persona moral Luna Gas Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) a quien, tras advertir una supuesta posibilidad de que les expropiaran una gasolinera, le requirió diversas cantidades para evitar que perdieran su propiedad.
Para justificar las acciones, refieren los peritajes, el titular del despacho le presentó a su cliente supuestos oficios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, los cuales advertían sobre la pérdida; no obstante, la PGJEH presume que esos documentos fueron falsificados.
De acuerdo con la denuncia Luna Gas, las transferencias para los procedimientos que indicaba el ahora prófugo fueron realizadas a la cuenta bancaria de Cravioto Abogados S.C. por conceptos de pagos de fianzas, contrafianzas, entre otros, lo cual fue denominado en la carpeta de investigación por los agentes a cargo del caso como lucro indebido, ya que nunca existió el supuesto decreto expropiatorio ni amenaza de perder la gasolinera.
También, señala que cobraron por trámites inexistentes que, según el representante la firma, realizaban ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), así como el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Esta serie de acciones sumó el posible lucro por 39 millones de pesos. La orden de aprehensión se libró el pasado 28 de diciembre, pero los hechos datan desde julio 2021, cuando los directivos de Luna Gas conocieron del presunto intento de expropiación y contrataron al bufete de abogados; además, en marzo de 2022 el acusado les advirtió, falsamente, sobre la existencia de un expediente judicial, por el cual –denunciaron– les demandó más dinero.
La Firma Jurídica Díaz fue fundada por José Francisco Díaz Cravioto hace 19 años. En su cartera de clientes están personalidades del espectáculo y del deporte nacional.
Su padre fue magistrado presidente del TSJEH en el periodo 2004-2006
El abogado es hijo de José Francisco Díaz Arriaga, quien fue magistrado presidente del TSJEH en el periodo 2004-2006, durante el mandato del priista Manuel Ángel Núñez Soto. En esa encomienda, sustituyó al actual gobernador Julio Menchaca Salazar. Después de Díaz Arriaga, la presidencia del tribunal recayó en Lucas González López.
“Nunca he dado indicativo alguno para establecer que evadiría el más mínimo requerimiento que me formulara la autoridad; sin embrago, en una acción completamente rara para el suscrito, inicialmente el ministerio público pidió la recusación del juez de control por una supuesta parcialidad no acreditada.
“¿Qué sucede? Que sin haberse pronunciado la Sala sobre quién sería el nuevo juez que llevaría el asunto, solicitaron en época vacacional una orden de aprehensión, en un periodo donde no hay Oficialía de Partes salvo para asuntos urgentes; es decir, cumplimiento de órdenes de aprehensión o puestas a disposición”, había señalado el abogado en un oficio también dirigido al gobernador Julio Menchaca y al procurador interino Santiago Nieto Castillo.
“Efectivamente existe una carpeta donde he sido señalado por la probable comisión de un delito patrimonial, en la cual únicamente obra la versión de la supuesta agraviada; sin embargo, mis hechos y elementos de defensa que hare (sic) valer en su momento no han sido presentados ni escuchados”, refirió por medio de un comunicado después de operativos que se llevaron a cabo en sus propiedades.
El abogado consideró que contra él inició una “verdadera persecución”, porque en menos de 24 horas se cateó su domicilio –donde, afirmó, se encontraban sus hijos menores– y la oficina donde labora en la que, acusó, se detuvo a uno de sus colaboradores.
En un nuevo cateo, mencionó, fue detenido otro colaborador, además de que, reclamó, sustrajeron documentos y equipo de cómputo.
Aunque inicialmente mencionó que tenía un amparo que impedía su detención, después dijo que desistió de ese recurso y, mediante un vídeo en redes sociales, dio a conocer que permanecería en el hotel donde fue aprehendido.
En esa grabación pidió a Nieto Castillo y a la juez del caso un proceso apegado a derecho. Tras la detención, fue ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca.
SEGUIR LEYENDO:
Abuso de poder en Hidalgo: policías de Tepeapulco agreden ebrios a ciudadanos
Elementos de Profepa rescatan a leona que era alimentada con basura en circo de Hidalgo
Huachicoleros en Hidalgo usaban un túnel que conectaba con ductos subterráneos de Pemex
DME