Dos exfuncionarios de la administración capitalina pasada, quienes eran operadores del Centro de Espionaje Manuel Márquez Sterling, permanecerán privados de su libertad en el Reclusorio Norte.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, derivado de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez de control otorgó la prisión preventiva justificada contra dos exservidores públicos de la pasada administración local, por la posible comisión del delito de asociación delictuosa, cometido de 2013 al 2018.
En audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el impartidor de justicia la calificó de legal y escuchó la formulación de imputación presentada por la representación social de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos para decretar la medida cautelar.
La defensa de ambos individuos, por su parte, solicitó la duplicidad del término constitucional, misma que les fue concedida.
¿Qué puestos tenían en el gobierno?
Se trata de Gustavo “N” y Arturo “N": el primero se desempeñó como Coordinador General de Políticas, Administración de Planeación y Organización de la entonces Procuraduría General de Justicia, y el segundo, como subdirector del área de la Secretaría de Gobierno.
Como resultado de las diligencias realizadas por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se obtuvieron datos de prueba que establecen su participación activa en escuchas telefónicas, intervención de telefonía celular, así como de mensajes y correos electrónicos, para el seguimiento activo de personajes de la política y el deporte, así como periodistas.
Ambos fueron detenidos el martes pasado en las inmediaciones de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.
¿De qué se les acusa?
De acuerdo con la principal línea de investigación de la Fiscalía local, ambos hombres habrían sido parte de una célula delictiva que se encargó de intervenir las comunicaciones de figuras como la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como figuras representativas en Morena.
Estos servidores públicos habrían establecido una operación en la que estaban involucrados al menos 30 personas que usaban equipo y recursos de dependencias de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
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