La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís reveló que en México existen 222 mujeres amenazadas con ser atacadas con ácido o algún químico.
En la presentación de la Estrategia nacional de protección integral a mujeres y niñas que viven violencias basadas en el género, Fabiola Alanís que las mujeres denunciaron las amenazas antes las autoridades y los agresores están deunciados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
“Estamos reforzando, y eso lo hacemos todos los días, la prevención, para que no ocurran este tipo de delitos y el análisis que hemos encontrado corresponde a 222 mujeres que de acuerdo a los reportes del Banco Nacional de Datos manifestaron en alguna institución, sea una fiscalía, una Secretaría de Seguridad, pero principalmente en los Centros de Justicia para las Mujeres que estaban siendo amenazadas con ser agredidas de esta forma”, explicó.
Fabiola Alanís señaló que se ha solicitado a las fiscalías que cuando ocurran este tipo de denuncias o cuando curan un hecho se inicie la investigación como tentativa de feminicidio por la gravedad de las lesiones que les ocasionan a las mujeres.
En su exposición, Fabiola Alanís informó que en 10 años se han registrado 797 amenazas o agresiones con ácido a mujeres y que 47 se perpetraron el año pasado.
“Agresiones o amenazas de agresiones a las mujeres de ser afectadas, causarles daño con ácido o con algún químico similar, en una década de acuerdo a los reportes de la Secretaría de salud se Registraron 797 casos que corresponden a amenazas o bien a hechos que fueron de alguna manera realizados por los victimarios, y en el 2022 se registraron de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Salud también 47 casos de mujeres agredidas con ácido, con algún químico”, detalló.
Divide iniciativa por ataques de ácido
Este martes, mujeres víctimas por ataque de ácido se confrontaron por la iniciativa de la diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marcela Fuente y es que no están conformes con la redacción de misma, además de que acusan no se escuchó a todas las víctimas.
En el lobby del órgano legislativo, Fuente y la saxofonista, María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en Oaxaca en 2019, ofrecieron un discurso a medios en el que explicaban el documento. Refirieron que la iniciativa busca establecer como violencia física, los ataques con ácido, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables o cualquier otra sustancia en contra de las mujeres.
Lo anterior, quedaría plasmado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la capital, donde se establece el término “violencia ácida”, que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas.
Esta definición fue rechazada por Ana Helena Saldaña, víctima de ataque con ácido en 2019, quien llegó al recinto legislativo acompañada por su abogado y la exlegisladora, Alessandra Rojo de la Vega, para oponerse a este texto.
Saldaña Aguilar destacó que “supuestamente presumen que se hizo una investigación” y ponen un término erróneo pues lo correcto para este tipo de delitos debe ser “violencia química” -pues no solo es un ataque físico “les destrozaron la vida”-, además de que en ningún se tomo en cuenta la opinión de las víctimas de la Ciudad de México.
Dejó en claro que apenas hace cinco días, cuando la iniciativa ya estaba publicada en la página oficial del Congreso capitalino, asesores de la diputada, Fuente Castillo se contactaron con ella para pedirle su apoyo al texto.
Incluso, dijo que les pidió no presentar el documento y que se analizará más a fondo para que las 37 víctimas que hay por este tipo de ataques fueran escuchados; “pero me invisibilizaron, y nos dijeron que eso se podría ver después en los foros que se van a llevar a cabo”.
En general el documento, que fue turnado a las Comisiones de Procuración de Justicia e Igualdad de Género para su análisis y dictaminación, propone inscribir este delito de “violencia ácido” en el Código Penal de la capital, para que quién cause este tipo de daño se le imponga una sanción de 8 a 12 años de presión, así como una multa económica de 31 mil 122 a 72 mil 618 pesos.
Y esto se aumentará en un tercio cuando cause deformidad o daño permanente, entorpezca o debilite permanentemente una extremidad o cualquier otro órgano; y se aumentará hasta la mitad cuando la conducta delictiva cause deformidad en el rostro, pérdida parcial o total del oído, vista, habla o incapacidad permanente para trabajar, cause alteración o daño en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atente contra el libre ejercicio de la autonomía sexual.
También considera lesiones por ataques con ácido o similares cometidos contra la mujer en razón de su género, cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: si entre el sujeto activo y la víctima existió una relación sentimental, sexual, afectiva o de confianza, ya sea de parentesco, laboral, docente o, de hecho; o que previo a la lesión infringida existan antecedentes de violencia contra las mujeres o delitos de género.
En tanto, se considerará tentativa de feminicidio, cuando las lesiones cometidas contra la mujer provoquen resección parcial o total de los órganos genitales y se impondrá de 12 a 30 años de prisión.
Así como la obligación de la Secretaría de Salud deberá llevar un registro y remitir a las autoridades competentes la información y estadísticas sobre las personas atendidas en caso de lesiones causadas por ácidos o sustancias corrosivas, protegiendo en todo momento sus datos personales.
Suben víctimas al pleno
Los legisladores de la Comisión Permanente aceptaron que María Elena Ríos y Ana Helena Saldaña subieran a tribuna a dar un posicionamiento.
Ríos, dejó en claro que “nosestán matando con ácido, gasolina, alcohol, cables de alta tención”, y apuntó que de nada sirven las leyes cuando “el poder judicial, así como las fiscalías están podridas”.
Lamentó que “egos externos nos sigan dividiendo”, y dijo que acudió al Congreso legislativo, además de buscar apoyo en la capital pues en su ciudad (Oaxaca) “no existe una Comisión de Víctimas”.
Pidió realizar foros abiertos sobre el tema, y que se incluya a las comunidades transexuales que también han sido víctimas de este delito.
Por su parte, Ana Helena Saldaña calificó la iniciativa de “ocurrencia” pues carece de investigaciones serias y es que “deja fuera a las víctimas, nos invisibiliza”.
“No estoy de acuerdo con como se están haciendo las cosas, me invisibilizaron y no me querían dejar pasar aquí a la Casa del Pueblo”, apuntó.
Expresó que “la justicia es inalcanzable”, y por ello no se puede hablar de garantizar la reparación del daño a las víctimas porque no hay garantía de acceso a la justicia en la capital; “yo he tenido que integrar mi propia carpeta de investigación”.
“Por lo que hace a las reformas al código penal, realizan mezclas que hacen imposible distinguir lo que quieren sancionar, se confunden entre la tentativa de feminicidio y lo que ya propusimos hace años, las lesiones cometidas contra la mujer en razón de género”, concluyó.
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