El caso Tzompaxtle Tec es catalogado por algunos expertos en legislación como una de las violaciones más grandes a los derechos humanos, pues el 12 de enero de 2006, se detuvo a 3 personas, Jorge Marzial Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López, a quienes se les acusó sin ninguna evidencia de estar relacionados con la delincuencia organizada.
Estas acusaciones sin fundamentos o evidencia fueron suficientes para que los 3 individuos fueran privados de su libertad, demostrando un exceso de autoridad y una grave violación al estado de derecho, el caso se mantuvo activo y años después de los hechos, la Corte interamericana finalmente se pronunció al respecto.
Recientemente la Corte interamericana de los derechos humanos señaló que El Estado Mexicano es culpable de violar los derechos humanos de tres personas, pues las tres víctimas pisaron la cárcel sin ninguna evidencia o investigación pertinente, si bien el gobierno mexicano reconoció su errar en las acciones, en la ley todavía existen varios "recursos" que violentan los derechos humanos.
Créditos: Especial
Detener para investigar
Para Heraldo Radio, en el programa Ruta 2023 con Alejandro Cacho, se entrevistó al abogado, Luis Eliud Tapia Olivares, quien compartió su opinión sobre el caso y las consecuencias legales que las acusaciones de la Corte interamericana de derechos humanos provocaran en el estado de derecho de México.
El experto en legalidad comentó que, si bien el gobierno reconoció que detuvieron ilegalmente a las víctimas, previamente en una sesión anterior, México defendió prácticas que violan los derechos humanos de cualquier "presunto culpable" pues "El arraigo" y la "Prisión preventiva" aún son una realidad en el país.
Por medio de estas prácticas, las autoridades tienen la capacidad de detener de 40 a 80 días mientras se realizan investigaciones y se reúne evidencia, respecto a este actuar, la Corte interamericana no recomendó, más bien ordenó a México reformar su legislación interna para eliminar estas prácticas, pues estos cambios fueron sentenciados por el organismo y firmados por el Estado Mexicano.
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