Diputados federales de los PRI, PAN y PRD, presentaron una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la declaración de invalidez del decreto de la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa, por el atropello a principios y disposiciones constitucionales.
Consideran que el Plan B de la Reforma Electoral viola el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia, y advierten que falta a la equidad en procesos electorales, ya que permite a servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato, y atenta contra la transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que los servidores públicos podrían presentar en el momento que decidan sus informes, incluido durante un proceso electoral.
Jorge Romero indicó que la asistencia al máximo tribunal constitucional busca combatir el autoritarismo que se registra desde la presidencia de la República.
“Hemos presentado esta acción de inconstitucionalidad porque en Acción Nacional y los partidos de la coalición Va por México estamos a favor de la defensa a nuestras instituciones democráticas que tantos años nos ha costado construir y en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación”, señaló.
Exhiben violaciones
El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, afirmó que en la reforma se exhiben violaciones al proceso legislativo y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario. Señaló que, durante el proceso legislativo para su aprobación, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.
Luis Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reiteró lo delicado que resulta para el país, el hecho de que el oficialismo violara el proceso legislativo, mediante una aprobación “fast track”, y con miras hacia una elección de Estado que puede derivar en un conflicto postelectoral.
Los diputados federales de oposición, hicieron un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dé trámite a la mayor brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad, toda vez que sería indispensable contar con el fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024.
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