La reforma electoral aprobada por Morena y aliados y que se encuentra en pausa luego de los cambios hechos por los diputados a la minuta enviada por el Senado es inconstitucional, ponen en riesgo la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE) y el voto libre de los ciudadanos, además de que dejará desempleados a 7 mil trabajadores advirtió el consejero presidente, Lorenzo Córdova.
Durante la conferencia inaugural del seminario “Los estados en 2022, la nueva distribución partidista”, en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero, Córdova subrayó que los cambios a seis ordenamientos legales nulifican las garantías constitucionales que hasta hoy han permitido elecciones libres y auténticas regidas por los principios de independencia, autonomía, certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad “y por primera vez en 30 años pone en riesgo que el voto ciudadano se ejerza en libertad”.
El funcionario electoral advirtió que de concretarse y validarse el llamado Plan “B” de la reforma electoral en los tribunales, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se mutila la capacidad operativa del INE, se ponen en riesgo las elecciones y vuelve a meter al gobierno en la organización de comicios.
“Va a provocar que, por primera vez, en los últimos 30 años, esté en riesgo lo que ya no era un problema en nuestro país; es decir, que se instalen casillas en donde deben estar, integradas por los funcionarios que son los ciudadanos que han sido seleccionados y capacitados para tal efecto y que nos permitan el cómputo preciso de los votos emitidos”, señaló el consejero presidente.
Reformas ponen en riesgo cinco pilares democráticos
Con las modificaciones a la Ley General de Sistemas de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Sistemas de Impugnación, la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que dijo, son “una constelación de inconstitucionalidades”, se perderá la confianza y certeza que ha caracterizado los procesos electorales.
Aseguró que las reformas ponen en riesgo cinco pilares democráticos salvaguardados en la Constitución: autonomía e independencia de los órganos electorales; la existencia de un Servicio Profesional Electoral; la presencia permanente del INE en todo el territorio nacional a través de oficinas desconcentradas; un Padrón Electoral manejado con criterios técnicos, bajo la supervisión de partidos políticos, y condiciones de equidad en la competencia electoral.
Detalló que, de consolidarse la reforma electoral, desaparecen cargos y, en consecuencia, alrededor de 7 mil funcionarios del INE de los 17 mil 600 trabajadores que tiene actualmente; es decir, prácticamente la mitad del personal que hoy labora en el Instituto.
También desaparece el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral (SPEN); es decir, que se reduciría a alrededor de 350 plazas de las dos mil 600 que hoy existen.
A lo anterior se añade la trasgresión a la autonomía e independencia del INE, especificó Lorenzo Córdova. “Destituyen al Secretario Ejecutivo del Instituto, cuando ésa es una función que la Constitución le reserva al Consejo General del INE, al Secretario lo nombra y eventualmente lo destituye el Consejo General con una mayoría calificada de 8 de 11 votos”.
Además, el Órgano Interno de Control, al Contralor del Instituto, al que la Constitución otorga sólo funciones fiscalizadoras, “se le hace parte de la estructura de decisión del INE, hoy desde la ley se le dan facultades que la Constitución no le confiere”, señaló Lorenzo Córdova.
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dhfm