Del 15.39 por ciento de mujeres que sufrieron tortura sexual durante su detención, traslado y estancia ante el Ministerio Público, sólo en 21 por ciento de los casos se inició una investigación, de acuerdo con el Diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad en México, elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Para elaborar este estudio, se tomó una muestra de mil 280 mujeres privadas de la libertad que fueron entrevistadas y que representan alrededor de 10 por ciento de las 12 mil 625 que estaban en reclusión al momento de hacer el diagnóstico.
El 14.38 por ciento de las mujeres consultadas, señaló que el Ministerio Público sí recabó su declaración por la tortura sexual y 39 por ciento dijo que la persona servidora pública realizó comentarios inapropiados o fuera de contexto.
“Del 13.59 por ciento total de entrevistas aplicadas señalaron si el Ministerio Público realizó pruebas tendientes para documentar la tortura sexual, en 9 por ciento de los casos sí se realizaron, mientras que en 91 por ciento esto no sucedió.
“Para la atención médica por la tortura sexual durante la detención de 14.22 por ciento del total de mujeres entrevistadas, el Ministerio Público llevó a cabo acciones en 11% por ciento de los casos; sin embargo, 89 por ciento de mujeres manifestaron no haber recibido atención médica”, indica el informe.
Dentro del tratamiento médico que dio el personal de salud ante estos hechos, 10 mujeres dijeron que se les realizaron exámenes ginecológicos, prueba de embarazo y detección de enfermedades de transmisión sexual y se les dio la pastilla del día siguiente.
Aquellas mujeres que aseguraron quedar embarazadas a consecuencia de la tortura sexual y que representan 1 por ciento de las entrevistadas, sólo 15 por ciento señaló que recibió alternativas para su salud reproductiva por parte del personal médico.
Al participar en la presentación de este informe, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, dijo que este diagnóstico, más allá de los datos, da cuenta de la gravedad de un problema que existe en el país, pues no se ha podido erradicar.
“Solamente basta ver algunos de los datos que arroja el diagnóstico para ver cómo el 80 por ciento de las agresiones se dan por parte de cuerpos de seguridad del Estado mexicano, en el primer contacto con la autoridad.
“El 37 por ciento de estas agresiones y esta tortura sexual se da fundamentalmente en el momento de la detención y el traslado al Ministerio Público y eso es por parte de policía municipales y policías estatales y cerca del 42 por ciento por la policía ministerial al momento del traslado del Ministerio Público al centro de reclusión, lo que no quiere decir que en los centros de privación de la libertad no sucedan estos hechos”, destacó.
DATOS
- 1280 MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD FUERON ENTREVISTADAS PARA EL ESTUDIO.
- EN 91% DE LOS CASOS DE TORTURA SEXUAL DURANTE DETENCIÓN, TRASLADO Y ESTANCIA EN EL MINISTERIO PÚBLICO, NO SE REALIZARON ENTREVISTAS.
- 89% DE LAS MUJERES NO RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA DESPUÉS DE LA TORTURA.
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