Al mes de junio de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP), mediante la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP), consolidó la información de 3 mil 453 contratos de obra pública, de los cuales, 2 mil 243 corresponden a 55 entes de la Administración Pública Federal (APF), con un importe de 36 mil 553.5 millones de pesos (mdp), y mil 210 contratos por las 32 entidades federativas con un importe de 8 mil 011.7 mdp.
La BESOP entró en operaciones en 2018 y tiene como propósito hacer más eficiente el control de la comunicación entre las partes que formalizan un contrato de obra pública, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
El total de usuarios registrados en la bitácora electrónica fue de 2 mil 075, de los cuales mil 006 pertenecen a entes gubernamentales (48%) y mil 069 (52%) de las empresas contratistas, que conforme a los perfiles que tienen autorizados, pueden realizar el registro de información, seguimiento, control, inspección, vigilancia, verificación, fiscalización y revisión de avance físico y financiero.
Con el propósito de apoyar a las dependencias y entidades de la APF en la gestión y toma de decisiones en materia de obra pública, la SFP realiza visitas de supervisión, evaluación y validación de información. Para el presente ejercicio fiscal, de las 12 visitas de supervisión, evaluación y validación de información, programadas en el Plan Anual de Fiscalización (PAF 2022), con el objetivo de verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP, al 30 de junio se han realizado nueve, que representan el 75 por ciento. Con la revisión de los contratos en las visitas mencionadas se verificó la actualización en el módulo de avance físico financiero de la BESOP de 122 contratos (77%), de un universo de 159. Además, la SFP impartió 40 cursos en “Normatividad y uso de la BESOP” y capacitó a 984 usuarios de la plataforma.
Estas acciones se realizan como parte de las atribuciones de la SFP de focalizar los actos de fiscalización proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en la gestión pública, y se encuentran en línea con los programas Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 y Sectorial de Función Pública 2020-2024.
FOTO: Archivo
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