Se determinó reabrir la carpeta de investigación y el Ministerio Público tendrá cinco días para revisar las pruebas que se integran en ella y decidir ejercer o no, acción penal en contra del segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Krystian Navarro, denunciado por hostigamiento laboral que ejerció en contra de Mara Guzmán López, trabajadora de este organismo.
En la audiencia que se llevó a cabo ayer en el Centro de Justicia para las Mujeres, también se argumentó que en su momento la decisión de archivar temporalmente la investigación fue debido a que el Ministerio Público no encontró elementos para proceder en consecuencia.
"El juez le otorgó cinco días a la MP y para la semana que entra deberíamos de tener noticias o una resolución", explicó Mara Guzmán López, trabajadora de la CEDHJ, quien padece una enfermedad autoinmune que se llama espondilitis anquilosante (enfermedad inflamatoria crónica que afecta fundamentalmente a las articulaciones de la columna vertebral) y que fue víctima de acoso ejercido por Krystian Navarro.
Pruebas
Hoy se añadirían más pruebas por parte de la víctima y se espera que se dé resolución a este caso, que pese a no existir la figura jurídica de archivar temporalmente una carpeta, en su momento, y como parte de las irregularidades que se han sumado en el proceso para ejercer justicia en este caso.
Así, al concluir este término, en caso de que no se resuelva a ejercer la acción penal, se procedería a archivar la carpeta.
Además, desde el pasado 7 de abril de 2022 se reabrió también la queja ante el Órgano Interno de Control de la CEDHJ con más pruebas y dos testimonios más, y se está integrando una queja en la primera visitaduría.
Ante la desatención del organismo estatal a la queja que se presentó desde el 18 de octubre de 2021, la Comisión Nacional intervino y se integró una queja ante la primera visitaduría bajo el expediente con número 2677/2022 desde el 23 de abril de este año cuando fue notificada.
Por lo pronto, la salud de Mara es estable, aunque tuvo otra recaída, pero con el diagnóstico de que los niveles en sangre elevados y según su médico reumatólogo le explicó que la enfermedad está activa de acuerdo con los resultados de los más recientes análisis realizados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del pasado 27 de junio de este año.
Antecedente del acoso
Su médico reumatólogo de la Clínica 110 del IMSS le recomendó que trabajara desde casa y que se debía cuidar porque su estado de salud la consideraba como población vulnerable a contagiarse de Covid-19, sin embargo, el Segundo Visitador la llamó a laborar presencialmente desde mayo del 2021, un día y a partir de junio, la obligaba a ir en horario completo en la oficina un día a la semana, además de comisionarla a capacitaciones o eventos fuera de la oficina como en los operativos Salvando Vidas, en la Academia de Policía o incluso a dar seguimiento a las denuncias por los jóvenes detenidos en la Fiscalía durante las manifestaciones para exigir justicia por el joven Giovanni López, esto pese a que presentó tanto el diagnóstico como los pormenores de su tratamiento, el acoso y la intimidación e incluso insensibilidad continuaron.
Ante el Ministerio Público también se presentó una denuncia, en donde se presentó un testigo y pruebas, pero se archivó la carpeta de investigación sin desahogar las diligencias pendientes o tomar en cuenta las pruebas. Fue entonces que escaló las denuncias ante el Órgano Interno de Control de Fiscalía y también a principios del mes de julio Mara presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHJ). Derivado de esto, el 28 de julio se reabrió la carpeta, cambiaron al Ministerio Público e incluso se presentaron policías investigadores ante la Segunda Visitaduría para entrevistar al personal.
A partir del 29 de noviembre la cambiaron de visitaduría y actualmente cuenta con medidas cautelares por parte de la Fiscalía del Estado e incluso porta un dispositivo Pulso de vida; sin embargo, debe estar cerca de quien ejerce violencia y acoso laboral. A partir del 30 de noviembre tiene medidas cautelares vigentes por 60 días y el Ministerio Público también le entregó un dispositivo electrónico de Pulso de Vida aunque al acudir a la oficina, la distancia entre el agresor y ella no existe.
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