Ocho años han pasado desde que la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó más de 40 mil metros cúbicos de contaminantes sobre los Ríos Bacanuchi y Sonora, transformando la vida de más de 22 mil personas, que siguen viviendo las secuelas de afectación a la salud e impacto económico.
“Desde el derrame, en agosto del 2014, nos truncaron la vida, nos quitaron nuestras costumbres, vivimos una vida triste… Lo que está pasando en las comunidades del Río Sonora son muchas enfermedades, tumores, cáncer, alergias”, comentó Norberto Bustamante López, del Municipio de Huepac.
La tragedia sucedió el seis de agosto del 2014 afectando a los pueblos de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi, incluso el contaminante llegó a la presa El Molinito, en Hermosillo.
La mina abrió un fideicomiso de dos mil millones de pesos para remediar el daño, pero a los dos años se determinó que no había contaminación y se cerró, sin utilizarse todo el recurso.
Ahí los habitantes se organizaron en los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) y empezaron una lucha legal. Finalmente el año pasado, el Gobierno Federal impulsó un “Plan de Justicia para Cananea”, y como parte del mismo se comenzó a investigar el impacto real de este derrame.
Realizaron estudios a una muestra de habitantes y el resultado fue exposición constante y homogénea a metales pesados, hay presencia de plomo en orina en más del 95%, a arsénico en el 50% y Cadmio en el 79%; y exposición positiva y elevada a plomo en sangre entre el 58 y 90% y a magnesio entre el 19 y 50%.
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) estima que el impacto económico es superior a los 10 mil 200 millones de pesos, por los efectos directos, indirectos y acumulativo, cinco veces más que el fideicomiso.
También hay estudios que demuestran disminución de insectos, contaminación en suelo, aire y presencia de metales pesados en pozos y aguas superficiales.
“Los habitantes del Río ya sabíamos que estaba contaminado, solo faltaba los análisis para tenerlo escrito y tener las pruebas en la mano”, comentó José Manuel López de Baviácora.
Con esto hay una luz al final del túnel, hay un reconocimiento del impacto sobre el Río Sonora, solo falta medir exactamente el nivel de afectación y establecer un plan integral y permanente de remediación. Hasta que eso suceda los habitantes seguirán en la lucha legal y social hasta lograr que se le regrese la alegría y tranquilidad que tenían antes del seis de agosto del 2014.
CAR